Actualizado 23/12/2009 00:31

Guatemala.- Guatemala indemnizará con 2 millones de euros a los familiares de las víctimas de la mantanza de Dos Erres


CIUDAD DE GUATEMALA, 22 Dic. (Reuters/EP) -

La encargada de Derechos Humanos de Guatemala, Ruth del Valle, anunció este martes que el Gobierno repartirá una indemnización de 3 millones de dólares (2 millones de euros) entre los familiares de las 250 víctimas de la matanza de Dos Erres, durante la dictadura del coronel Carlos Castillo Armas (1954-1986), en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló este lunes que Guatemala debía pagar la indemnización indicada, tras señalar que el Gobierno no investigó a fondo la operación militar de tres días realizada en el pueblo montañoso de Dos Erres en 1982, en el que un grupo de fuerzas especiales asesinó a niños con mazos y violó a mujeres y niñas.

"Es un fuerte llamado al sistema administrativo de Justicia que atiende estos temas, porque definitivamente si nosotros en Guatemala no somos capaces de garantizar la Justicia a la población, obviamente van a buscar las instancias internacionales", dijo Del Valle.

Asimismo, la defensora de los Derechos Humanos en Guatemala señaló que el caso contra los oficiales militares responsables de las matanzas, que se encuentra paralizado, debe resolverse con la mayor celeridad posible con el fin de que puedan cerrarse definitivamente las heridas de aquella época.

En este sentido, Del Valle anunció la construcción de un monumento conmemorativo en el lugar donde los equipos forenses han exumado los cuerpos de las víctimas.

Dos Erres se convirtió en símbolo de una de las más brutales masacres durante la guerra civil de Guatemala, que a lo largo de 36 años enfrentó a las fuerzas gubernamentales con guerrillas izquierdistas acabando con la vida de casi 250.000 personas, en su mayoría indígenas mayas.

Una Comisión de la Verdad respaldada por Naciones Unidas descubrió que los soldados azotaron los cuerpos de los bebés contra árboles y muros y los lanzaron dentro de un pozo, mientras que sus familiares fueron encerrados dentro de una Iglesia para más tarde ser asesinados.

Desde que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil, tan solo unos pocos acusado se han enfrentado a la Justicia por las violaciones a Derechos Humanos perpetradas durante el conflicto.