CIUDAD DE GUATEMALA, 24 Ago. (EP/AP) -
La jueza que ordenó el traslado de 44 de los 46 niños que fueron encontrados en una casa cuna dedicada a tramitar adopciones dijo que no revelará los lugares donde fueron llevado.
"No puedo dar información, esa es la ley. Lo único que puedo decir es que todos los juzgados de la niñez trabajamos con hogares privados para niños que son muy competentes y funcionan muy bien", dijo a la AP la jueza de menores Roxana Mena.
Mientras tanto, las parejas de estadounidenses que buscan adoptar a estos menores intercambiaban correos electrónicos intentando averiguar el paradero de los niños. "Es un sentimiento de indefensión... no tenemos ninguna información sobre quien, cómo y dónde los están cuidando", dijo a AP en una conversación telefónica desde Michigan, Katherine O'Meara quien espera adoptar a dos niños.
"Nos estamos volviendo locos", dijo por su parte Dave Roth de Chicago, quien también estaba a punto de terminar el trámite de adopción de otros dos menores.
Los menores, dijo, "no son hermanos biológicos pero han estado juntos los últimos 10 meses... los separaron de sus niñeras y del ambiente que les era familiar y ahora nadie sabe donde están. No hemos tenido ayuda de la embajada de Estados Unidos, ni de los funcionarios, ya no sé si a alguien le importa", señaló.
El pasado 11 de agosto, un grupo de policías y soldados intervino el hogar infantil conocido como Casa Quivira donde hallaron a 46 niños y detuvieron a dos abogadas que tramitaban las adopciones. Dos niños ya fueron entregados a sus padres adoptivos.
Mena ordenó el jueves que los 44 niños restantes fueran enviados a un número no indicado de hogares temporales ubicados en lugares que no quiso revelar.
Nueve de los menores están en un hospital desde el lunes por problemas respiratorios pero serán llevados a hogares temporales privados cuando se recuperen, dijo a la AP Suly de Uclés, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que desde el operativo hasta el jueves tuvo la custodia de los menores
La directora del área de menores de la Procuraduría General de la Nación, la entidad del estado que regula las adopciones, Josefina Arellano, dijo que está sorprendida por la decisión de la jueza. "Nuestra opinión es que debían conservarse en un mismo establecimiento y que el ente rector del cuidado de la niñez es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia", dijo.
"Lo que queremos es demostrar con toda seguridad que los niños no fueron robados u obtenidos de sus madres bajo coacción para eso nos urge que la fiscalía demuestre si son adoptables o no", indicó. Añadió que darán prioridad a las adopciones internacionales que ya estaban planteadas antes del allanamiento.