Un segundo grupo de testigos protegidos de la masacre declarará ante el magistrado a finales del mes de mayo
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a las embajadas españolas en México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos el auto por el que solicitó el pasado mes de enero a todos los medios de comunicación la publicación de una nota en la que pide a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el genocidio contra el pueblo maya que comunique a su Juzgado, o a cualquier otro situado en sus respectivos países, toda información que pueda ser relevante para continuar la investigación sobre estos crímenes.
El magistrado informa de este modo a los embajadores de su iniciativa, tomada después de que el Tribunal Constitucional del país centroamericano anulara el 12 de diciembre el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Justicia española, al considerar que nuestro país carece de jurisdicción para procesarles.
La nota que reproduce el auto indica: "El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, a la vista de la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar en la investigación solicita a todas aquellas personas que sean víctimas, perjudicados, testigos, o cualquiera otras que puedan suministrar información relevante sobre el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala la pongan en conocimiento de este Juzgado a través de los canales oportunos y adecuados para ello en dichos países de conformidad con lo establecido en el derecho español a tal efecto. Dicha información será oportunamente remitida a este Juzgado para incorporarla a la causa".
Los imputados por el juez en el genocidio y por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala ocurrido el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, son el jefe del Gobierno entre marzo de 1982 y agosto de 1983, Efrain Ríos Montt, el jefe del Gobierno entre agosto de 1983 y enero de 1986 Oscar Humberto Mejía Víctores, el presidente de la República entre 1978 y marzo de 1982, Fernando Romeo Lucas García (al parecer fallecido), los ministros Angel Anibal Guevara y Donaldo Alvarez; el director de la Policía Nacional, Germán Chupina; el policía Pedro García Redondo y el jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.
Según explica el auto, entre los años 1978 y 1984 hubo en Guatemala más de 250.000 víctimas, más de 45.000 siguen desaparecidas. Cerca de un millón y medio de personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares y unos 150.000 buscaron refugio en México. Unas 443 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres.
Guevara y Chupina se entregaron el 6 de noviembre de 2006 al tener conocimiento de que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de captura con fines de extradición de la Audiencia Nacional. Los demás sospechosos interpusieron una serie de acciones judiciales con las que lograron impedir su captura y posible interrogatorio en Guatemala.
Pedraz recordaba en su auto, además, que ha solicitado a Guatemala en múltiples ocasiones la colaboración judicial a través de la tramitación de las oportunas comisiones rogatorias. El hecho de que "ni una sola de ellas se haya cumplimentado" --dice el juez-- "demuestra una clara actitud dilatoria en su cumplimentación, no sólo por la tardanza en su tramitación sino por 'problemas' de firma, apostilla, recursos de los imputados...".
TOMA DE DECLARACIONES EN ESPAÑA.
El juez añadía que, de hecho, la simple petición de toma de declaración de testigos ha provocado problemas. La delegación judicial se trasladó a Guatemala y una vez allí quedaron suspendidas sine die las mencionadas declaraciones por lo que el juez se vió obligado a acordar el desplazamiento a España de los testigos. El primer grupo compareció ante el magistrado entre la primera semana de febrero y un segundo acudirá a España la última semana del mes de mayo, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El Constitucional guatemalteco resolvió en diciembre amparar a los generales Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo para que se revoque la orden de captura dictada en su contra por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. Esta medida también favorece a los generales Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona y Benedicto Lucas, así como a los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo, según fuentes jurídicas guatemaltecas.