CIUDAD DE GUATEMALA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El cártel mexicano de 'Los Zetas' ha amenazado al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, con iniciar una "guerra" en ese país si no cesa la ofensiva de las fuerzas de seguridad en el departamento de Alta Verapaz (norte), donde la semana pasada declaró el estado de sitio para expulsar a los narcotraficantes de ese territorio.
Miembros de la organización criminal entregaron personalmente una nota con este mensaje a periodistas de tres emisoras de la ciudad de Cobán, epicentro del operativo de seguridad. Los 'narcos' les amenazaron con matar a los propietarios de los medios de comunicación y a sus familias, si no difundían el texto, informó el portavoz del Ministerio de la Gobernación, Nery Morales.
"Este es un mensaje para el presidente de Guatemala: somos el grupo 'Los Zetas' y solo queremos que sepa el país que el presidente Álvaro Colom recibió 11,5 millones de dólares (8,7 millones de euros) antes de cerrar elecciones de este país (2007) y pagará por no cumplir, con culpables o inocentes, empezará la guerra en este país, en centros comerciales, escuelas y comisarías", recoge la nota.
Este anuncio se produce un día después de que el mandatario asegurara que no teme al cártel mexicano. "A mí no me van a intimidar las amenazas de ellos", aseveró, al tiempo que adelantó que los operativos en su contra iban a continuar, según recoge el diario mexicano 'El Proceso'.
El pasado 20 de diciembre, Colom declaró el estado de sitio en Alta Verapaz para expulsar de su territorio al cártel mexicano que, según informes elaborados por la Inteligencia guatemalteca, ha aumentado su presencia en el país centroamericano con el objetivo de dominar la ruta de la droga hacia Estados Unidos que atraviesa esta región del subcontinente.
Hasta el momento, la medida ha propiciado la detención de 22 personas, entre las que se encuentra el supuesto líder de 'Los Zetas' en este departamento, José Armando León, antiguo integrante de Los Kaibiles, un cuerpo de elite de las Fuerzas Armadas de Guatemala entrenado para operaciones de contrainsurgencia.
Durante el mes que estará vigente, la declaratoria permitirá la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales para "repeler o reprimir cualquier acción individual o colectiva de grupos que se opongan a la recuperación del control estatal", reza el comunicado emitido por el Gobierno para explicar la situación.