Actualizado 30/12/2010 12:40

La SIP condena el asesinato del periodista hondureño Henry Suazo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el reciente asesinato del periodista hondureño Henry Suazo y ha reclamado al Gobierno de Honduras que ponga fin a la "impunidad" que rodea a este tipo de crímenes contra los profesionales de la información.

Henry Suazo, de 32 años, corresponsal de la emisora HRN de Tegucigalpa y presentador de un noticiero del canal Cablevisión del Atlántico, fue abatido a tiros el pasado 28 de diciembre por unos desconocidos frente a su vivienda en el municipio de La Masica (departamento de Atlántida, en el norte de Honduras), convirtiéndose con ello en el décimo periodista que ha sido asesinado en Honduras en 2010, según informó su propio medio de comunicación.

Honduras ocupa el tercer lugar entre los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, y solo le superan México y Pakistán, según un informe divulgado este pasado lunes por Prensa Emblema Campaña (PEC), ONG con sede en Ginebra.

El presidente de la SIP y director del diario guatemalteco 'Prensa Libre', Gonzalo Marroquín, ha instado al Gobierno del presidente Porfirio Lobo "a investigar de manera expedita" este crimen y a "juzgar a los culpables a fin de cerrar el círculo de violencia que este año se ha ensañado en Honduras contra los comunicadores".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director editorial del diario 'San Antonio Express-News' (de Texas), Robert Rivard, recordó que una delegación de la SIP entregó el pasado mes de abril al presidente Lobo un documento con cinco recomendaciones para combatir los crímenes contra los periodistas.

Entre estas recomendaciones se incluían, entre otras, la aplicación de los mecanismos e instrumentos internacionales ya existentes sobre el tema, la creación de fiscalías para atender estos delitos, la puesta en marcha de una jurisdicción especial para estos crímenes y las reformas en el Código Penal para que se agraven los delitos cometidos contra la libertad de expresión.