CIUDAD DE MÉXICO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ciudadano mexicano Gustavo Castro, el único testigo del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ha llegado este viernes a Ciudad de México, después de pasar un mes retenido en la nación centroamericana, según ha informado el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Castro ha viajado acompañado de su hermano, Óscar, y del cónsul general de México en Honduras. A su llegada han sido recibidos "por un funcionario de protección de la Secretaria de Relaciones Exteriores", de acuerdo con un comunicado.
La Cancillería ha subrayado que Castro "ha sido asistido" para su "retorno seguro" en "aspectos legales, logísticos y de seguridad" y ha asegurado que le seguirá apoyando para que colabore en la investigación sobre el asesinato de Cáceres.
La ministra de Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, ha expresado su agradecimiento a su homólogo hondureño, Arturo Corrales, y ambos han reiterado "su voluntad de continuar colaborando en el esclarecimiento de estos lamentables hechos".
Castro, coordinador de la organización Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, ha dicho a la hondureña Radio Progreso que se ha ido a México "con la preocupación por la criminalización" de los activistas en Honduras.
Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo durante un asalto de hombres armados a su vivienda en el departamento de Intibucá, justo una semana después de que denunciara ante la prensa local la ejecución de cuatro dirigentes comunitarios.
Era coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, que luchaba contra la tala ilegal que amenaza a los indígenas lenca. Cáceres logró frenar la construcción de una presa en el río Gualcarque, un proyecto respaldado por la empresa china Sinohydro y el Banco Mundial.
Las autoridades hondureñas investigan su muerte como un simple suceso pero su entorno está convencido de que fue asesinada por su activismo ambiental, que le valió el premio Goldman, el reconocimiento más importante para los ecologistas.
Otros activistas temen ahora por Castro. "Está en serio peligro", ha dicho a Reuters Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). "Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Cáceres podrían atentar en su contra", ha sostenido.