En su informe anual destaca la fragilidad del Poder Judicial en la región latinoamericana y la marginación y exclusión social
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe anual de la vulneración de Derechos Humanos que se comete en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, aunque generalizó que la inseguridad ciudadana, la inequidad social, la falta de acceso a la justicia y el lento proceso de consolidación democrática son las áreas que requieren mayor atención en materia de derechos humanos en el continente americano.
El informe evalúa que una de las dificultades más significativas que confrontan los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos es la fragilidad que caracteriza al Poder Judicial en la mayoría de los países de la región, y en algunos casos los ataques contra la independencia e imparcialidad de este poder del Estado.
Asimismo, señala que la marginación y exclusión social siguen siendo los rasgos característicos de la región, lo cual impide la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de grandes sectores de la población. "Si bien durante los últimos años se consolidó un proceso de recuperación económica y en algunos países se redujeron los indicadores de pobreza e indigencia, siguen existiendo millones de personas que confrontan problemas de desempleo estructural, marginación social e inaccesibilidad a servicios sociales básicos", añade el informe.
En este sentido, indica que "tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a las mujeres así como a grupos tradicionalmente discriminados, tales como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales", colectivos que son los que más sufren la mayor incidencia de torturas, muertes violentas, hacinamiento carcelario, detenciones arbitrarias, palizas y ejecuciones policiales.
COLOMBIA
En su mención especial a Colombia, el informe de 2006 de la CIDH destaca los esfuerzos del Estado por asegurar la vigencia de los Derechos Humanos en un contexto complejo, pero expresa su preocupación por el impacto de la violencia del conflicto armado sobre la población civil y por las "crecientes denuncias sobre la participación de agentes del propio Estado".
La CIDH presta también atención a la finalización de la fase de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) afirmando que el país se enfrenta ahora a los desafíos de "mostrar resultados concretos del desmonte de las estructuras armadas del paramilitarismo e implementar el marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados por las AUC", especialmente frente a las denuncias sobre rearme de los grupos armados ilegales.
"El respeto de los derechos a la verdad y la justicia y la reparación integral para las víctimas del conflicto armado son cruciales para alcanzar una paz duradera, fortalecer la administración de justicia en Colombia y garantizar la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas", agrega.
CUBA
Respecto a Cuba, subraya que "las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, situación que se ve particularmente agravada por la falta de independencia del Poder Judicial".
Además, indica que la "falta de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo vulnera el derecho a la participación política consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".
No obstante, reitera un año más que el "embargo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba desde hace más de 40 años tiene un grave impacto sobre los derechos económicos y sociales de la población cubana", e insiste en que debe terminar.
HAITÍ
En relación a Haití, el informe de la CIDH ubica a Haití entre los países "más preocupantes del Hemisferio" occidental en materia de Derechos Humanos, ya que hay una falta de control efectivo de la situación de seguridad en el país durante el transcurso de 2006.
Aunque subraya una disminución en el nivel de violencia durante el período de los comicios en que resultó elegido presidente René Préval, el informe indica que desde mediados del año pasado se experimenta un proceso de intensificación de la violencia, lo que ha provocado "un aumento sin precedentes de los casos de homicidios y secuestros y de la violencia contra la población civil, especialmente mujeres y niños".
"Los repetidos períodos de crisis políticas, sociales y económicas han causado fallas extremas en las instituciones del Estado, lo cual no ha permitido hacer frente eficazmente a los problemas de larga data existentes en el ámbito de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos", afirma la CIDH.
En este sentido, explicó que esta situación, que "sigue impidiendo al país avanzar significativamente en materia de desarrollo", no puede resolverse "plenamente con soluciones de corto plazo, sino que requerirá reformas institucionales a largo plazo y asistencia internacional sostenida".
Para ello, considera que las medidas a tomarse deben incluir el "desarme efectivo de todos los que poseen armas ilegales, la implementación de un diálogo constructivo conciliatorio entre los distintos sectores para promover el consenso social y político, la adopción de pasos firmes para poner fin a la impunidad por abusos de los derechos humanos y delitos, y un fuerte respaldo a la economía nacional para lograr mayores alternativas de empleo y autosostenibilidad para los haitianos".
VENEZUELA
Finalmente, y en relación con Venezuela, la CIDH expresa su preocupación por "las muertes y lesiones graves sufridas por centenares de personas privadas de libertad", y señala entre las causas "la falta de controles efectivos para evitar el ingreso de armas a las cárceles, la ausencia de personal de custodia debidamente capacitado, los retardos procesales y las precarias condiciones de detención".
Asimismo, el informe da cuenta de información recibida durante 2006 sobre la existencia de actos de hostigamiento e intimidación a través de discursos "descalificantes" contra defensores de derechos humanos, así como personas y grupos de personas críticos a las políticas o propósitos del Gobierno.
La CIDH expresa su preocupación también por la posibilidad de que el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional pueda afectar negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, en particular la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que reciben financiación externa para sus actividades.
La Comisión señala que desde su última visita a Venezuela en mayo de 2002 ha venido solicitando "infructuosamente" al Estado, tanto verbalmente como por escrito, su consentimiento para otra visita, y que durante 2006 "hizo esfuerzos por materializarla, pero el intento se vio frustrado por las dificultades en fijar una fecha para la realización de la misma".
"La falta de anuencia del Gobierno dificulta el ejercicio de las competencias y atribuciones otorgado por los Estados a la CIDH a través de la Carta de la OEA, el Estatuto de la Comisión y la Convención Americana sobre Derechos Humanos", indica el informe.