PALMA DE MALLORCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Este viernes el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares (España) en el auto que ha dictado para confirmar la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, ha considerado "innegable e inobjetable" que la Duquesa de Palma, desde el momento en que era copartícipe de una sociedad "ficticia" --en alusión a Aizoon--, contribuyó a defraudar a Hacienda y además "se benefició de ello".
Así de tajante se expresa la Sala en un auto de 160 páginas, en el que deja a las puertas del juicio a la hermana del Rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos ilícitos contra la Hacienda pública presuntamente cometidos en 2007 y 2008.
La Audiencia considera así que la Infanta fue figura indispensable para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años.
La resolución judicial extiende estas apreciaciones a Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y señala que si Aizoon y las empresas que Tejeiro compartía a su vez con su marido "eran simuladas, no hay duda que servían de instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y en consecuencia para defraudar a Hacienda, tanto en renta como en sociedades".
Para ello, precisa, efectuaron contratos de trabajo falsos y se desgravaban gastos que no habían sido generados en el ejercicio del objeto de la sociedad --en el caso de Aizoon, en materia inmobiliaria--, sino que se trataba de gastos personales efectuados por ambos matrimonios.
En este sentido, la Audiencia prosigue que el dinero que recibía Aizoon --percibió más de un millón de euros de los fondos supuestamente ilícitos que cobró el Instituto Nóos de las Administraciones públicas-- no se quedaba en su cuenta, sino que los Duques disponían del mismo sin que tampoco estas cantidades fuesen declaradas a Hacienda, y recalca que "también colaboraron en la ocultación de esos beneficios".
Además, la Audiencia ha reprochado que el fiscal no estaba legitimado para recurrir la imputación de la Infanta Cristina por los dos delitos fiscales, y ha tildado de "dudosa" la legitimación de la Fiscalía Anticorrupción a la hora de recurrir la decisión del juez José Castro.
De hecho, ha afirmado que la legitimación a la hora de impugnar el auto de Castro "correspondía en exclusiva" a la defensa de la Infanta y, en tal caso, el Ministerio Fiscal "podría haberse adherido a su recurso".
Es más, el tribunal de la Sección Segunda considera "llamativo" que la Fiscalía "critique y censure la labor" de Castro en lo que respecta a sus competencias y al posicionamiento adoptado en torno al papel de la Infanta, reprochando que le atribuyese "haber asumido funciones acusatorias y un papel que no le corresponde, cosa que no es verdad", responde tajante la Sala.
Por último, la Audiencia ha dejado en manos del juez José Castro la decisión de aplicar o no, "con libertad de criterio", la doctrina Botín sobre la Infanta Cristina, por lo que será en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos donde el magistrado resuelva enviar a la Duquesa de Palma al banquillo de los acusados por dos presuntos delitos fiscales o, por el contrario, archivar definitivamente su encausamiento.
LA ZARZUELA SE RETIRA PROGRESIVAMENTE
La Casa del Rey se ha ido apartando progresivamente de la Infanta Cristina en estos tres años en los que el 'caso Nóos', que investiga los negocios presuntamente irregulares que emprendió el duque de Palma ha supuesto un "martirio" para la institución, en palabras del anterior jefe de la Casa, Rafael Spottorno.
La investigación en torno a los contratos que firmó el Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin con las Administraciones balear y valenciana gobernadas por el PP arrancó en 2010, pero no fue hasta noviembre de 2011 cuando saltó a la luz pública y salpicó de lleno a la Casa Real, con los registros en Barcelona de las sedes de las empresas vinculadas con el entramado presuntamente montado por Urdangarin y su socio, Diego Torres, para malversar fondos públicos.
La primera consecuencia del estallido del 'caso Nóos' fue la desaparición de los duques de Palma de los actos oficiales de la Familia Real. Oficialmente solo se anunció que Urdangarin quedaba apartado por su comportamiento "no ejemplar", como dijo en diciembre de 2011 el entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afectado hoy por el escándalo de las 'tarjetas black' de Cajamadrid.
Pero desde ese mismo momento, la Infanta Cristina también quedó apartada de facto de los actos oficiales de la Familia Real, si bien se dejó ver con su familia cada vez que su padre fue ingresado en el hospital para sus últimas operaciones.
Mientras Don Juan Carlos se mantuvo al frente de la Corona, a lo largo de toda la investigación del caso Nóos Zarzuela marcó diferencias claras entre Urdangarin y la Infanta. Si al primero lo fue desvinculando poco a poco de la institución, cerró filas en torno a la Infanta Cristina.
Y lo hizo porque Don Juan Carlos se implicó en su defensa, y consensuó con su hija la elección de sus abogados, el exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Miguel Roca, amigo del monarca desde los tiempos de la Transición y ponente de la Constitución, a quien apoya el abogado penalista Jesús María Silva.
Este cierre de filas en torno a la Infanta quedó patente en abril de 2013, cuando la Casa Real a través de una declaración leída por un portavoz de la institución a las agencias de noticias, Zarzuela expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro --que en un auto anterior había rechazado imputar a la Infanta-- manifestó su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto y reconoció su malestar por haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación.
CAMBIO DE LENGUAJE
La llegada al trono de Felipe VI supuso, además de la salida de la Infanta Cristina --al igual que la Infanta Elena- de la Familia Real, un cambio en la reacción de la institución respecto del 'caso Nóos'.
Cuando el juez José Castro decidió el 25 de junio pasado mantener la imputación contra la Infanta por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, la Casa del Rey --dirigida por Felipe VI-- expresó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
Era la primera vez que la Casa del Rey se refirió a la "independencia" del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.
Hasta en tres ocasiones Zarzuela había hecho un comunicado en reacción a un auto del juez Castro desde que el magistrado amplió su radio de acción hasta alcanzar a la Infanta.
En abril de 2013, cuando Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión. Eso sí, no olvidó manifestar su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces.
Meses después, en enero de este año, la Casa del Rey tuvo una reacción más comedida y se limitó a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
FUERA DE LA FAMILIA REAL
Aunque la Infanta Cristina sigue siendo hermana del Rey Felipe VI, ya no forma parte de la Familia Real, que ha quedado limitada a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.
De hecho, la hermana menor de Felipe VI no estuvo presente ni en la firma solemne de la ley de abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I, ni en los actos de proclamación de su hermano.
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