BUENOS AIRES, 1 Jun. (Notimérica) -
El juez argentino Norberto Oyarbide ordenó el cierre de los bares porteños en los cuales funcionaban servicios de prostitución, propiedad de la concejal 'kirchnerista' Ángela Zapico, según denunció la ONG La Alameda. La política confirmó la presencia de prostitutas en los locales.
La clausura de estos cinco céntricos bares fue ordenada por el juez el pasado viernes, después de que el pasado mes de abril La Alameda presentara una denuncia con cámara oculta incluida en la cual se veía que esos establecimientos funcionaban como lugar de encuentro entre prostitutas y clientes.
Además, según mostraba la denuncia, esta actividad se realizaba con el permiso de los locales, que cobraban una suma a las mujeres por la admisión en el local y, además, 130 pesos (unos 12 dólares) de la tarifa cobrada al cliente.
Tras la denuncia, el fiscal Federico Delgado ordenó tareas de inteligencia a la Policía Metropolitana, unas investigaciones que concluyeron en un dictamen que confirmó que los locales "son frecuentados por mujeres que ejercen la prostitución".
Además, el dictamen también señala que las mujeres "aportan una comisión al comercio en concepto de 'copas compartidas' que consumen con los ocasionales clientes, para luego retirarse a un hotel de la zona".
Una vez clausurados los locales, el juez encargó su custodia a la Policía Federal, si bien no a los agentes de la zona, ya que éstos se encuentran denunciados por complicidad con la actividad ilegal ejercida.
LA CONCEJAL LO CONFIRMÓ
Lejos de negarlo, la concejal del Frente para la Victoria dueña de los locales, Ángela Zapico, confirmó que a esos lugares acuden mujeres con el fin de encontrar clientes para prostituirse.
"Todos conocemos el tipo de bares de mi padre. Lo que sí recalco es que son bares con las ventanas completamente abiertas, con vista a la calle, libres. No se ejerce la prostitución en esos lugares. Son realmente bares. Sí concurren chicas, eso no lo discuto", dijo Zapico.
Zapico, además, se defendió diciendo que "estamos en año electoral y estas cuestiones se utilizan políticamente para dañar", si bien no renunció a su cargo tras reconocer las actividades a las que daban cobijo los locales de su propiedad.
Por su parte, La Alameda recalcó que la investigación compromete a la concejal en sus funciones y considera que "amerita (merece) iniciar un juicio político" para retirarla de su cargo público.