Actualizado 23/09/2010 00:35

Una juez libera a 26 miembros de una presunta red que abastecía de armas a las FARC


BOGOTÁ, 22 Sep. (COLPRENSA/EP) -

La juez 11 de Control de Garantías dejó en libertad a 26 de las 44 personas que fueron arrestadas el pasado lunes por pertenecer a una presunta red ilegal que abastecía de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La magistrada será investigada por el Consejo Superior de la Judicatura, según lo ha anunciado la presidenta de la Sala Disciplinaria de ese organismo, Julia Emma Garzón, quien manifestó que han "asumido la investigación, en atención a las versiones que se han conocido".

Garzón dijo que el Consejo Seccional de la Judicatura determinará si la juez agotó o no los requisitos para conceder la libertad, o si se extralimitó en la interpretación del artículo que establece que los allanamientos para capturas. En caso de considerarse que falto a su deber, será sancionada.

En la operación, que se desarrolló en once ciudades diferentes, participó el Ejército en coordinación con la Fiscalía General del país y se ha llevado a cabo después de doce meses de seguimientos.

Los 44 detenidos, entre ellos dos policías y cinco militares, tenían en su poder granadas, morteros, fusiles, sistemas de visión nocturna, detectores de minas y proyectiles de diferente calibre que pretendían vender a la guerrilla.

La decisión de liberar a 26 implicados generó un escándalo sin precedentes en momentos en los que el Gobierno de Juan Manuel Santos mantiene una fuerte ofensiva contra las FARC, a las que condicionó una eventual negociación a cambio de que dejan las armas.

"El Consejo Superior de la Judicatura lo que le promete a la ciudadanía es que va a llevar a cabo una investigación en el menor tiempo posible y con celeridad", explicó Garzón, quien estimó que el estudio del caso podría durar unos seis meses.

Asimismo, aseguró que generan preocupación las constantes investigaciones contra funcionarios judiciales, pues ya suman 12.000 las quejas presentadas en los últimos cuatro meses en las que se cuestiona el proceder de los jueces al conceder beneficios como los de casa por cárcel.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, criticó duramente la decisión judicial y aseguró que el Gobierno de Santos "no entiende la liberación con leguleyadas de 26 de los más de 40 capturados por tráfico de armas".

CAMBIAN AL FISCAL

En este contexto, las autoridades colombianas anunciaron este miércoles su decisión de cambiar al fiscal que llevaba el caso de la red de tráfico de armas a las FARC, aunque eso no significa que sea destituido de su cargo.

"A la intervención de ambas autoridades, de parte de la Fiscalía como de los jueces: a la Fiscalía porque no cumplió estrictamente y con exagerada rigurosidad la norma correspondiente", explicó el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza.

"Y de parte de los jueces porque uno entiende que se están haciendo unas interpretaciones tan rigurosas y apegadas a la letra que definitivamente hacen impracticables las disposiciones pertinentes", añadió.

Mendoza sugirió que, hechos de esta naturaleza, ponen en evidencia que es necesario "hacer ajustes a las normas porque hay delincuencia o delitos que de otra manera no se pueden perseguir eficazmente, se necesitan normas de excepción".