BOGOTÁ, 19 Mar. (Notimérica) -
La pasada semana se abría al público y comenzaba a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, una institución cuya labor y objetivo es la reconstrucción y reparación a las víctimas del conflicto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Es un día histórico para el país, para la sociedad colombiana y en especial para las víctimas. Porque a partir de hoy se pone en funcionamiento esta Jurisdicción que, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, administrará de manera oportuna este modelo de justicia restaurativa", indicaba la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en la apertura del órgano al público.
Esta institución, que fue convenida en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016, tiene como último fin la investigación y juicio de las violaciones graves de Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto de las FARC.
"Es el punto de partida para empezar a sanar heridas a partir de administrar justicia para que no haya impunidad, pero también con vocación de reconciliación. Es el momento a partir del cual las víctimas tendrán un lugar central que las dignifique, las visibilice y les permita, incluso, participar en el diseño de las sanciones que se impongan a aquellos que comparezcan a la jurisdicción", indicó la presidenta.
Se trata del componente principal del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición --órgano creado a raíz de los acuerdos de La Habana--, y tras la apertura de puertas de su sede (en la Calle 64 con carrera 7 de Bogotá) donde empezará a recibir los informes presentados por las víctimas del conflicto armado, así como los elaborados por otras instancias u organismos jurisdiccionales.
Según el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP se compondrá de tres salas de primera instancia: la Sala de Amnistías, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y de Reconocimiento de Verdad. Además, habrá un Tribunal de Paz encargado de la segunda instancia, la Unidad de Investigación y Acusación --conocida como la Fiscalía de la JEP-- y, finalmente, la Secretaría Ejecutiva, encargada del presupuesto.
El presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, José Hormiga, indicó a 'El Tiempo' que la labor de su sala será la de recibir a miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos implicados en hechos relacionados con crímenes graves. Igualmente, los casos integrados por menores de edad y personas encarcelas en hechos enmarcados en la protesta social serán enviados a dicha instancia.
FUNCIONAMIENTO
La JEP tendrá una vigencia máxima de 20 años. Se trata de un proyecto pionero a nivel mundial debido a que su resultado combinará penas sancionatorias, retributivas y restaurativas, siendo estas últimas propuestas por las mismas víctimas del conflicto.
Así, aquellos que se sometan a las audiencias podrán reconocer responsabilidades y aportar al derecho a la verdad de las víctimas. Las víctimas participarán en las sesiones bien mediante un abogado o presentando sus casos mediante su incorporación a los informes elaborados por las organizaciones de víctimas, los cuales servirán para la verificación de versiones.
El primero de dichos informes fue entregado la pasada semana por del secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa. Este recopila los antecedentes del conflicto y el marco legal aplicable a los delitos cometidos, el cual fue pactado en los acuerdos de La Habana. De esta manera, se espera que se pueda garantizar los derechos de las víctimas del conflicto, la justicia y la verdad.
Asimismo, el diario colombiano 'el País' señala que 6.475 personas desean someterse al órgano, así como que otras 3.062 han quedado libres y que se han identificado más de 11.809 víctimas. Tal y como señala el medio, se han firmado 7.916 actas, 6.094 de ellas suscritas por excombatientes, de los cuales 3.666 han salido en libertad condicional por la Ley de Amnistía y 24.28 por "reincorporación política, social y económica".
Entre los postulados, el diario 'El Tiempo' estima que 1.824 son militares y policías cuyos casos serán estudiados y, dependiendo de la causa y del reconocimiento o no de la verdad y del momento en el que esta se haga, podrán ser sentenciados a entre 5 años de privación efectiva de la libertad y 20 años de cárcel.
Además de la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial de Paz, el Acuerdo de Paz de Colombia también ha dado lugar a otras instituciones que pretenden hacer aportar respuestas y resultados a las víctimas del conflicto de las FARC. Es el caso de la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto, el cual ya está puesto en marcha pero aún no abierto al público.