BUENOS AIRES, 14 Feb. (Notimérica)
Hoy los retratos de desaparecidos, las peticiones de liberación de jóvenes presos y el resto de denuncias que cuelgan de las vayas que rodean la Plaza de Mayo de Buenos Aires resaltan más que en los años anteriores, seguramente porque hoy ya no está el enorme campamento de plásticos que tan bien simbolizó durante diez años la lucha por los derechos de los excombatientes de la guerra de las Malvinas. Hoy no queda nada, pero no precisamente porque se hayan cumplido sus peticiones, sino más bien por todo lo contrario.
La guerra por estas islas entre Argentina y Reino Unido comenzó el 2 de abril de 1982 y hasta la fecha, casi 36 años después, muchos de los argentinos que tuvieron que acudir a reconquistar esas tierras aún no han sido reconocidos como veteranos o excombatientes del conflicto, lo que les priva del acceso a algunos beneficios gratuitos como la sanidad a cualquier nivel, la educación de sus hijos o la vivienda para quienes no pueden costeársela. Aunque fundamentalmente les priva del "honor" de ver que el Estado --que les envió a esa guerra por encontrarse en el periodo militar sin opción a decir que no-- reconoce el servicio que prestaron a la nación.
Durante los dos meses y medio que duró la Guerra del Atlántico Sur murieron 649 de los cerca de 8.000 argentinos que fueron llegando a la contienda. De ellos, diecisiete pertenecían al grupo de 400 que no llegó a poner un pie en las Malvinas, sino que se quedaron en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, desde donde defendían las bases terrestres que tenían la misión de abastecer a las islas y que "los ingleses atacaban pese a ser consideradas zonas de paz".
Son precisamente ellos, los conocidos como TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), quienes han estado casi diez años acampados frente a la casa de Gobierno --hasta que el pasado 26 de enero Macri barrió el campamento--, solicitando un reconocimiento que tarda tanto en llegar que ya se ha cobrado la vida de once de los compañeros que llevaban años viviendo bajo estos plásticos en la Plaza de Mayo. Se refieren a la ley 23109 de 1990, que asegura cobertura de salud, vivienda, un trabajo en el Estado y unos 15.000 pesos entre pensiones de la Nación y provinciales. Llegados a este punto, parece que el dinero es la menor de sus preocupaciones.
A Marcos Medina, el portavoz del campamento, le apodan 'Oso Blanco', a priori por su corpulencia y estatura, pero esta misma definición contrasta con lo pequeño que parece -como la mayoría de sus compañeros- cuando relata lo sucedido en la Patagonia argentina hace más de tres décadas. Por supuesto, al drama de una guerra se suma la frustración de ver que para su país son como fantasmas que jamás hubieran estado allí.
Frente a la Casa Rosada, durante una charla con Notimérica, lamenta que "un tema socio-económico y político" les dejó fuera de los reconocimientos, "del honor de tener una insignia por haber participado en el conflicto". "Nos mandaron cerrar la boca y volver a casa sin comentar nada y nos dejaron fuera de todo beneficio", repite mientras culpa al expresidente Carlos Ménem de haber llegado a un acuerdo cívico-militar por el cual se reconoció únicamente a los fallecidos y a los militares con rango, dejando fuera del pacto a los soldados rasos. A cambio, se ocultaba la información sobre las incursiones inglesas en territorio argentino que violaron el TIAR (Tratamiento Interamericano de Asistencia Recíproca), que sentencia, desde 1947, que ningún país europeo puede realizar incursiones en uno americano.
Casi 36 años después, el Ministerio de Defensa, ahora bajo la presidencia de Mauricio Macri, no solo ha obligado a tirar el campamento, fulminando así diez años de lucha, sino que sigue negando la resolución de este capítulo, como también lo hizo su antecesora, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace ahora casi tres años les aseguró que en abril de 2015 habría una respuesta definitiva sobre su causa. "Dicen que están trabajando para hallar la solución y cotejando documentación que acredite los informes de los libros de guerra que nosotros presentamos", explican algunos de los excombatientes que se muestran indignados porque los máximos responsables de Gobierno "envían a sus secuaces" a dialogar con ellos "en lugar de dar la cara".
Medina tuvo que recoger los restos de diez compañeros que fallecieron en una misión de combate en Santa Cruz cuando derribaron su helicóptero y, con la voz entrecortada, alcanza a decir: "¿Yo, que iba en el helicóptero de detrás, que tuve la suerte de no morir pero recogí los restos de todos mis compañeros y los tuve que meter en bolsas de plástico, no tengo ningún reconocimiento? Parece que teníamos que haber muerto para estar reconocidos".
Ni siquiera reclaman la posesión de las Malvinas, esa es una discusión entre Gobiernos que tienen que solucionar por la vía de la paz, aseguran. "Nosotros solo queremos que reconozcan la función que cumplimos, los trabajos que hicimos en defensa de la recuperación de las islas".
7 AÑOS Y 11 MUERTES
Hasta su reciente levantamiento, el campamento de los TOAS parecía que se había mimetizado con el paisaje. Desde hacía diez años, se encontraba a medio camino entre la catedral y el cabildo, a tan solo cien metros de la entrada a la casa desde la que se toman todas las decisiones gubernamentales.
Con cara de agotamiento y el mismo sentimiento de pena, estos soldados obligados a serlo cuando tenían entre 18 y 20 años agradecen el interés por su causa. "Hace muchos años que nuestra lucha ya no interesa", se lamenta Daniel Santa Cruz. "Es muy triste que tu país no te reconozca, que tu Gobierno no te atienda. Yo no quiero que me den beneficios, solo los títulos y honores que me corresponden. Eso sería mi paz", asegura el excombatiente.
Pensaban seguir acampados hasta que sus cuerpos dijeran 'basta', porque se lo debían a los once compañeros que perdieron en el camino desde que empezó su protesta más visible. Amigos que murieron de pena, de angustia e incluso por falta de alimentos. En abril de 2015 falleció uno de ellos como consecuencia de la huelga de hambre que realizaron durante cincuenta días en el otoño de 2012 y el último fue Carlos Parola, que falleció en 2016 a los 54 años tras haber vivido los últimos siete bajo lonas y palos convertidos en una casa improvisada en el centro de Buenos Aires. Una 'casa' que, pese a todo, a uno le transmitía una sorprendente sensación de hogar por el compañerismo que mostraban entre sí todos los que se turnaban desde 2008 para hacer noche allí y evitar que la policía desmontase el acampe, que fue el más largo de la historia argentina.
Tachan de hipócritas a sus gobernantes, que "se dicen defensores de los derechos humanos pero no se dan cuenta de que frente a su casa de Gobierno tienen a los veteranos de guerra que fueron a defender sus tierras". Para Marcos, Daniel y el resto de sus compañeros se hace difícil hablar del asunto. Les pesa recordar aquellos años y el momento que viven ahora, pero sacan fuerzas para denunciar una situación que consideran absolutamente injusta. "A pesar de que no cruzamos a Malvinas, sí que estuvimos en la acción directa con el enemigo, por desgracia. Tuvimos a los ingleses prisioneros en el continente. ¿Cómo se entiende que digan que nosotros no estábamos en la guerra?".
"Sin lucha no hay justicia en este país". Es el lema de todos. Por ello, mientras la situación no se resuelva, continuarán con su protesta, encontrarán un nuevo sitio para acampar y seguirán reclamando los derechos que merecen producto de unas obligaciones que les fueron impuestas.