BOGOTÁ, 2 Dic. (Colprensa) -
La Fiscalía General de Colombia anunció la macroimputación a ocho estructuras paramilitares por su participación en 22.000 hechos delictivos que dejaron cerca de 49.000 víctimas en el país.
Según explicó la vicefiscal General, María Paulina Riveros, los hechos que serán imputados a los 725 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía a la macroestructura de Salvatore Mancuso.
Entre los procesados se encuentran 11 excomandantes paramilitares que actualmente se encuentran cobijados con la ley de Justicia y Paz.
Según las pesquisas, los crímenes fueron llevados a cabo por los bloques Norte, Catatumbo y Montes de María; el Bloque Central Bolívar; los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, Héroes de Tolová, Elmer Cárdenas y Pacífico.
De la misma manera, se incluye a la macroestructura de Heberth Veloza García, alias 'HH', que incluye los bloques Calima, Bananero y el bloque Centauros.
Entre los exparamilitares se encuentran Heberth Veloza García, alias 'HH'; Salvatore Mancuso Gómez, Hernán Giraldo Serna, alias el 'Patrón'; Jorge Iván Laverde Zapata, alias el 'Iguano'; Edwar Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino'; Iván Roberto Duque Gaviria, alias 'Ernesto Báez'; Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar'; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'; Freddy Rendón Herrera, alias el 'Alemán'; y Manuel de Jesús Pirabán, alias 'Pirata'.
"La solicitud de imputación contra 725 exparamilitares significa el cierre parcial de la investigación contra ocho macroestructuras criminales. Entre los hechos que serán expuestos ante Justicia y Paz hay desplazamientos forzados, homicidios y masacres", explicó Riveros.
LOS HECHOS MÁS RELEVANTES
Según dio a conocer Riveros, entre los hechos que hacen parte de la macroimputación está la masacre de Bojayá (Chocó) y los desplazamientos masivos de los que fueron víctimas 1.300 personas en 2002.
Igualmente, el desplazamiento de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca), ocurrido entre el 12 de enero de 1999 y el 24 de agosto de 2000 en Pivijay (Magdalena) y que cobró cerca de 300 víctimas.
Los exparamilitares también deberán responder por su participación en la masacre de la cabecera municipal de Villa Nueva (La Guajira); la masacre del corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní (Cesar), que dejó 32 víctimas, y los homicidios masivos cometidos en Caunapí y la Guayacaná en Tumaco (Nariño), ocurridos en los años 2002 y 2003, respectivamente.
La Fiscalía también les imputará cargos por su participación en el desplazamiento de 388 víctimas del municipio de las Mercedes, ocurrido el 26 de noviembre de 1999.
Finalmente, los exparamilitares deberán responder por su participación en la masacre de Gualanday, municipio de Corinto (Cauca) acaecida el 18 de noviembre de 2001, con 14 víctimas; y la masacre de La Rochela cometida el 18 de enero de 1989 que cobró la vida de 12 personas, en el municipio de Simacota (Santander).