OAXACA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades mexicanas deben realizar acciones para acabar con las violaciones a los Derechos Humanos que se producen en México y en particular en los recientes disturbios en el Estado de Oaxaca. Así lo consideró la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, al finalizar su visita a ese Estado del sur de México.
En un comunicado emitido hoy, la organización consideró que "las protestas y barricadas tienen un impacto en el derecho a la educación y la libertad de movimiento del público en general, en la seguridad pública y alimentan el complejo ambiente político, contribuyendo a un quiebre en el orden público".
Asimismo Amnistía Internacional reconoció, sin embargo, que ciertas personas que actuaron en nombre del movimiento de protesta en Oaxaca fueron responsables de actos criminales, en los que se utilizaron incluso proyectiles, cócteles molotov y pirotecnia.
AI denunció las autoridades criminalizaron a todos los que participaron o simpatizaron con las protestas y que ese acto "no es más que una táctica para evadir toda responsabilidad" en las investigaciones. De esta manera, indicó la organización, emplearon estas declaraciones "como una excusa" para justificar lo que AI calificó como "serias violaciones a los Derechos Humanos, como asesinatos ilegales, detenciones arbitrarias y bajo régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, la negación del acceso a juicios justos y con las debidas garantías para realizar denuncias de tales abusos".
En su visita al Estado de Oaxaca la delegación de Amnistía Internacional mantuvo encuentros con distintas organizaciones locales de DDHH así como con víctimas de los citados abusos y también con el gobernador Ulises Ruiz y varios miembros de su gabinete. La reunión con las autoridades estatales, según Irene Khan fue "decepcionante".
"El Gobernador y sus colegas se negaron a reconocer la existencia de serias violaciones a los Derechos Humanos. El año transcurrido no parece haber proporcionado ninguna lección positiva a la prolongada crisis y brindar mejora en la protección a los derechos humanos", denunció Khan.
En ese sentido, la secretaria general de AI indicó que a pesar de que las autoridades aseguraron haber abierto investigaciones, estas no han podido aportar "ninguna prueba tangible de progreso" para enfrentar con la justicia a los responsables de tales "crímenes en el contexto de las protestas y de violaciones a los derechos humanos".
Khan insistió en que las autoridades estatales y federales mexicanas "deben asegurar" una investigación "rápida e imparcial" ante las acusaciones de "brutalidad policial y de los cientos de denuncias de tortura, arrestos arbitrarios, abusos y desafortunadas muertes".
"Dar pruebas palpables de que el Gobierno Estatal investiga apropiadamente los abusos para acabar con la impunidad en Oaxaca será una clara demostración a la sociedad mexicana e internacional que el gobierno del señor presidente Felipe Calderón está comprometido con proteger, proveer y garantizar los derechos humanos", añadió.
La secretaria presentó además, 'Oaxaca: Clamor por justicia', un documento en el que se enumeran los casos más llamativos de violaciones de Derechos Humanos en ese contexto y en el que se evidencia el "fracaso" de las autoridades para "garantizar algunos de los más básicos derechos: como el derecho a la vida, a no recibir torturas y el acceso a la justicia y reparaciones (integrales).
El informe incluye realiza recomendaciones a las autoridades mexicanas --tanto estatales como federales-- para que den respuesta a las citadas denuncias, acto que AI tildó de "paso crucial y determinante para acabar con la actual crisis".
'Oaxaca: Clamor por justicia' concluye que las detenciones realizadas durante los días que duraron las protestas fueron arbitrarias y que los sospechosos fueron sometidos a "régimen de incomunicación" y que se les denegó el acceso a una adecuada "asistencia legal", lo que evidencia que las persecuciones penales se basaron "en declaraciones no corroboradas durante el proceso de detención por parte de las autoridades policiales", según figura en el citado informe.
"Las autoridades no pueden continuar haciendo vista gorda a estos abusos", señaló Irene Khan.
"La impunidad es tan endémica y está tan arraigada que las autoridades lo toleran al punto de que ninguna persona ha sido responsabilizada por las 18 muertes y los cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas y abusos", añadió Khan quien consideró además que las investigaciones "adolecen de imparcialidad y debida diligencia", según el comunicado.
Amnistía Internacional ha sido informada de víctimas que tienen miedo a represalias por parte de los oficiales responsables de realizar las investigaciones, lo que las deja sin posibilidad de justicia.
Por último Khan afirmó que las investigaciones realizadas y las que están en marcha en Oaxaca "son la mejor esperanza de las víctimas y sus familiares" para alcanzar la "verdad, justicia y una reparación adecuada". Además son la "única forma" de que las autoridades restablezcan la "confianza en el sistema de justicia".
AL GOBERNADOR ULISES RUIZ
Entre las exigencias de la organización figuran una serie de peticiones explícitamente dirigidas al gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, entre las que destacan que se establezca un "mecanismo creíble" para realizar investigaciones rápidas que estén en consonancia con los "estándares internacionales en relación a las denuncias" a los Derechos Humanos producidas por la crisis en el Estado.
AI solicita también "suspender del servicio a todas las personas responsables de hacer cumplir la ley implicadas en violaciones a los derechos humanos hasta el resultado de las investigaciones" y que "todas aquellas personas responsables" de los citados actos sean "llevadas ante la justicia". Además exigen que las víctimas reciban una "reparación integral" que incluya la "atención médica y terapéutica necesaria".
En su comunicado, Amnistía Internacional consideró necesaria que se acometa una reforma policial "inmediata" que establezca claros "códigos de conducta y uso de la fuerza" y en la que figuren "estrictas" reglas sobre el uso de los uniformes, placas de identificación y vehículos "provisionales de identificaciones y placas numeradas".
En último término la organización llamó al gobierno federal que extienda sus investigaciones a todos los casos de violaciones de los Derechos Humanos que se producen en México.