MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional reclamó hoy que el nuevo Gobierno mexicano "debe dar señales claras de su compromiso" con los derechos humanos, y expresó su preocupación sobre la situación actual en el país, destacando la crisis de Oaxaca, en la que durante seis meses se produjeron 17 muertos, y la violencia contra las mujeres, especialmente los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua.
La organización anunció a través de un comunicado que ya ha enviado por carta estas preocupaciones al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con motivo de la visita de su homólogo mexicano, Felipe Calderón, los próximos días 29 y 30 de enero.
Según Amnistía Internacional, el Gobierno de México todavía no ha hecho público "cómo va a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", y consideró "esencial que demuestre la voluntad política necesaria para lograr avances concretos y medibles ante los abusos que tienen lugar en el país".
Así pues, subrayó las 17 muertes ocurridas durante la segunda mitad de 2006 en el estado sureño de Oaxaca, donde, según aseguró, "varias de las 140 personas detenidas el 25 noviembre fueron torturadas o sometidas a malos tratos". "Actualmente, siguen detenidas unas 60", agregó.
En el caso de Oaxaca, la organización resaltó que, "aunque las autoridades tienen que garantizar el orden público y procesar a las personas implicadas en actos de violencia", en los operativos policiales, "las autoridades municipales, estatales y federales hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y cometieron violaciones de derechos humanos".
"Los defectos y carencias graves de los sistemas de seguridad pública y justicia penal siguen siendo la causa de abusos contra los derechos humanos tales como la detención arbitraria, tortura, malos tratos, negación del derecho al debido proceso y juicios injustos. En 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe poniendo de manifiesto que la tortura era una práctica generalizada en todo el país", denunció Amnistía Internacional.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Por otro lado, afirmó que la "impunidad para las violaciones de los derechos humanos y todas las formas de violencia contra las mujeres continúa muy extendida en numerosas partes de México" y, remitiéndose a "estadísticas oficiales, en 2005 casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años sufrió alguna forma de violencia", tanto por agentes estatales, no estatales, y familiares.
En este sentido, Amnistía Internacional destacó a Ciudad Juárez y Chihuahua, señalando que las mujeres víctimas de violencia "todavía no disponen de un acceso a la justicia adecuado ni de reparación integral".
Al mismo tiempo, hizo hincapié en que "tampoco hay avances en las investigaciones acerca de los al menos 23 casos de violencia sexual que la organización documentó en los sucesos de las localidades de San Salvador Atenco y Texcoco (estado de México) los días 3 y 4 de mayo de 2006".
"Durante las operaciones policiales que se desarrollaron en estas localidades, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de abusar sexualmente de varias detenidas mientras estaban bajo su custodia. En muchos casos se les negó a las detenidas el derecho a presentar querellas criminales y no se les brindó atención médica ni psicológica adecuada, algo esencial para la posterior presentación de pruebas", sentenció.
CRÍMENES DEL PASADO
Por otra parte, subrayó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha puesto fin a su trabajo con "escasos resultados, demostrando que las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la llamada 'guerra sucia' de los años sesenta, setenta y ochenta en México aún siguen en la impunidad".
Así pues, la organización insistió ante las nuevas autoridades a que emprendan "acciones eficaces" ante el "fracaso de la administración previa de garantizar verdad y justicia para los crímenes cometidos en el pasado".
Asimismo, puso de manifiesto que organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas siguen sin poder llevar a cabo sus legítimas actividades en muchas partes del país", y que "los ataques son raramente investigados y los presuntos responsables no comparecen ante la Justicia". "En 2006, al menos diez periodistas fueron asesinados", concluyó.