MÉXICO DF, 13 Oct. (Reuters/EP) -
El aumento de las solicitudes de vigilancia electrónica por parte del Gobierno en México despierta preocupaciones sobre la falta de supervisión a las autoridades, en un país plagado de corrupción y de colusión entre funcionarios y grupos criminales.
El año pasado, los operadores de telefonía móvil registraron más de 55.000 solicitudes de las autoridades para obtener información sobre llamadas de ciudadanos, sus mensajes y datos de localización, casi un 25 por ciento más que en el 2013, según cifras de la industria obtenidas por Reuters.
El Gobierno mexicano ha estado envuelto durante una década en una guerra contra los cárteles de la droga y ha utilizado vigilancia para luchar contra sus operaciones de tráfico, extorsión y secuestro.
Sin embargo, la corrupción es un problema cotidiano en el país. A las empresas de telefonía y a los activistas de privacidad les preocupa que el sistema esté plagado de huecos, y una flamante pero ambigua ley de telecomunicaciones hace frente al riesgo de dar a la gente equivocada el derecho a pedir información personal.
"No hay control de quiénes pueden pedirlo realmente", ha denunciado Fernando Belaunzarán, un candidato a dirigir al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). "Hay corrupción. Y además están infiltrados los policías por el crimen organizado (...) ¿En manos de quien está esta información?", ha agregado.
La filtración de documentos de Edward Snowden, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el 2013, reanimó el debate sobre la vigilancia a nivel mundial y, en particular, en torno a cuánto poder debe tener el Gobierno para espiar a sus ciudadanos y la forma en que deben rendir cuentas.
El presidente Enrique Peña Nieto ha descrito a la corrupción como un problema cultural en México y la fuga de una prisión de alta seguridad del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en julio puso de relieve el problema de funcionarios aliados con grandes jefes del crimen organizado.
Funcionarios del sistema penitenciario y miembros de la agencia mexicana de inteligencia han sido acusados de la fuga.
El año pasado, agencias federales y estatales también gastaron más que cualquier otro país en el software de espionaje de la empresa italiana Hacking Team, según documentos filtrados recientemente. El principal producto de Hacking Team permite a gobiernos descifrar mensajes encriptados para espiar a sus objetivos.
Las cifras de la industria serán publicadas en un reporte anual del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y de Anatel, un organismo que representa a empresas de telecomunicaciones como América Móvil, Telefónica y AT&T. El informe del 2013 documentó un aumento del 12 por ciento. Una solicitud puede contener varios números telefónicos.
FALTA DE SUPERVISIÓN
Las leyes estadounidenses y brasileñas requieren autorización judicial para acceder a más tipos de datos privados que las de México.
Sólo el tres por ciento de las peticiones de vigilancia electrónica en México el año pasado fueron aprobadas por un juez, según datos de la corte federal, mientras que la autorización para el resto fue dejada en manos de las empresas de telecomunicaciones.
"Nadie vigila al vigilante", ha agregado Juan Pablo Adame, un ex legislador del conservador Partido Acción Nacional(PAN), que respalda más controles sobre la vigilancia.
Las compañías de telecomunicaciones pueden ser castigadas por el regulador si no entregan información, dándoles poco incentivo para librar costosas batallas en la materia.
Las personas que son sujeto de vigilancia no reciben notificación posterior al hecho y no tienen forma de enterarse, por lo que es casi imposible llevar un caso a los tribunales.
La vigilancia electrónica podría reforzarse con un nuevo código de procedimiento penal a nivel nacional, que especifica que los fiscales requieren aprobación judicial para pedir acceso a metadatos, pero que aún no se ha aplicado plenamente.