MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos denunció hoy la "falta de libertades" y las "acciones represivas" que de forma "indiscriminada" han llevado a cabo las autoridades mexicanas durante la llamada crisis de Oaxaca, estado que en los últimos seis meses de 2006 vivió cruentos enfrentamientos entre la población civil y los cuerpos de seguridad, tanto regionales como nacionales.
Así lo afirmaron hoy en Madrid representantes de la Comisión, quienes aseguraron que los hechos ocurridos en Oaxaca son un "eslabón de una estrategia jurídica, policíaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".
En su informe de conclusiones y recomendaciones preliminares sobre el conflicto de Oaxaca, estado que representantes acreditados de la Comisión visitaron entre el 16 de diciembre de 2006 y el pasado 20 de enero, afirman que el balance de fallecidos documentados "arroja provisionalmente una cifra total de 23 personas identificadas".
Asimismo, exponen que "existen sólo sospechas fundadas de la existencia" de desaparecidos, pero señalan que "una de las mayores dificultades para investigar y esclarecer estas desapariciones es la falta de denuncias presentadas".
Este texto fue presentado hoy en Madrid coincidiendo con la llegada a España esta noche del presidente mexicano, Felipe Calderón, dentro de una gira que ha incluido otros países europeos y que pretende sentar las bases de una mayor colaboración entre la Unión Europea y el país latinoamericano.
DETENCIONES "ARBITRARIAS E ILEGALES"
En cuanto a las que los representantes de la Comisión denominaron "acciones represivas indiscriminadas", indicaron que las autoridades utilizaron contra la población civil en general "gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares", llevando a cabo "detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas".
Durante estas detenciones, explica el informe, "no se garantizó el derecho de defensa" de los arrestados y procesados y gran parte de éstos "fueron asistidos por abogados de oficio que dependen orgánicamente del Ejecutivo".
En este sentido, agrega que la presencia de "menores de edad que han sido detenidos con uso indebido de la fuerza y han sido trasladados en cuatro casos a penales de adultos". En todos estos casos, subraya que "la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pueden actuar a petición de parte o de oficio, han tenido una intervención tibia e insuficiente".
La Comisión Civil Internacional denuncia también los "impactos físicos, emocionales y psicológicos" que han provocado "las violaciones a los derechos humanos" en Oaxaca, detectándose "efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social" y siendo la atención médica "tardía e insuficiente". "Hay sospechas más que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos", añade.
FALTA DE LIBERTADES
Por otro lado, informe considera que los poderes públicos mexicanos no garantizaron durante la crisis oaxaqueña "el pleno ejercicio a la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación".
Así pues, la Comisión constata "el grave deterioro y la desconfianza de la gente en las instituciones, lo que está poniendo en grave peligro las vías de participación democrática". "Dado el alto grado de violencia social imperante es posible que la estrategia de control social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y violencia", puntualiza.
En sus conclusiones, el informe finaliza denunciando la actuación de las autoridades contra organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, contra las mujeres con "numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales", contra los medios de comunicación, y contra las personas y pueblos indígenas.
RECOMENDACIONES
Por todo ello, la Comisión Civil Internacional recomienda al Estado mexicano la atención a las "causas originales" de este conflicto, "cuyas raíces --considera-- se hallan en la pobreza, el caciquismo, el desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educación y la salud, y la falta de respeto a la memoria histórica y a la identidad indígena".
También propone una "reforma profunda de las instituciones del Estado", garantizar "sin dilación la investigación de los ilícitos cometidos", así como revisar la situación jurídica de las personas encarceladas.
Asimismo, recomienda al Gobierno mexicano exigir la actuación "decidida de las Fiscalías Especiales creadas para la protección efectiva de los derechos de colectivos especialmente vulnerables", e investigar la gestión del conflicto por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Protección Ciudadana, la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.