CIUDAD DE MÉXICO, 13 Sep. (Reuters/EP) -
Las autoridades mexicanas han extendido a policías estatales y federales las investigaciones por la desaparición de 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, siguiendo de esta forma las últimas recomendaciones de organismos defensores de los Derechos Humanos.
El fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera, ha contado a Reuters que este paso se debe a los hallazgos realizados al cruzar las llamadas telefónicas de policías, funcionarios y de los propios 'normalistas' la noche que desaparecieron, algo que no se hizo de forma exhaustiva durante la primera parte de las pesquisas.
Higuera ha precisado que a raíz de estas revelaciones se han realizado un centenar de nuevos interrogatorios entre los meses de julio y septiembre, de los cuales 39 son de policías ministeriales de Guerrero y 19 de policías federales.
"No es sólo llamarlos a declarar. Los hemos investigado en distintos aspectos, como su historial laboral, su hoja de servicio, su modo de vivir y su situación financiera", ha detallado Higuera, en una entrevista concedida a la agencia de noticias británica.
Además, ha desvelado que los investigadores tratan ahora de identificar a una persona que en los teléfonos móviles de los sospechosos aparece con el nombre de 'caminante', ya que recibió decenas de llamadas de unos 20 policías en las horas en las que se produjo la desaparición.
Durante el primer año las investigaciones se centraron exclusivamente en el papel de las policías municipales de Iguala y la vecina localidad de Cocula, que, de acuerdo con la versión oficial, habrían entregado a los 'normalistas' al grupo de sicarios Guerreros Unidos.
El grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ayudar a las autoridades mexicanas en la investigación de este acaso advirtió en su informe de que la desaparición de los jóvenes formó parte de un plan en el que participaron policías municipales, estatales y federales.
La CIDH ha denunciado importantes deficiencias en las pesquisas, apuntando incluso a la destrucción y manipulación de pruebas, y ha tumbado la versión oficial de que los 'normalistas' fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ha recomendado, además, vincular el caso al tráfico de drogas en la región de Tierra Caliente.
"Esta es una investigación que rebasa cualquier situación, tanto por el número de víctimas como por el número de participantes", ha admitido Higuera, que ha abierto nuevas líneas, conforme a las recomendaciones de la CIDH.
Santiago Aguirre, abogado de las familias de los 'normalistas', ha reconocido que ha habido avances en las indagaciones, pero los familiares insisten en que no retomarán el diálogo con las autoridades hasta que el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, no sea cesado.
Casi dos años después de la desaparición y con un expediente de más de 200 tomos, Higuera no promete prontos resultados: "No podemos (...), por la naturaleza misma de un trabajo de investigación, establecer un tiempo para la conclusión del tema".
CASO IGUALA
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza estudiantil, la de Tlatelolco.
Según la versión oficial, ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron al grupo de sicarios de Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Queda ahora el análisis de las cenizas, ya que el de los cadáveres de la treintena de fosas comunes halladas en Iguala y municipios cercanos ha revelado que no son los jóvenes.