MÉXICO DF, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
México ha promulgado este martes una nueva ley que endurece las sanciones contra los secuestradores con penas de hasta 70 años de prisión y establece medidas de protección a las víctimas, en lo que constituye un nuevo intento del Gobierno de Felipe Calderón de poner freno al crimen organizado.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro "permitirá atacar con mayor eficacia y contundencia el secuestro y dotará a los gobiernos estatales de mayores herramientas para hacerle frente a este terrible flagelo", explicó Calderón.
A partir de ahora, la pena de prisión será de 45 años cuando el secuestro se realice de forma violenta, en grupo o sea perpetrado por algún funcionario público. En caso de que la víctima muera en manos de sus captores la condena será de hasta 70 años.
"La bestialidad, la cobardía con la que actúan estos criminales, no debe ser tolerada. Por eso, es urgente poner un alto a quienes han hecho del secuestro su modus vivendi", advirtió.
Una de las características que destacó Calderón es que las penas de prisión serán "definitivas", lo que quiere decir que los criminales no podrán acogerse al derecho de la "libertad preparatoria" ni tampoco podrán optar a la "conmutación de la condena".
"No habrá ninguna forma de reducir la pena al secuestrador. Los secuestradores purgarán su condena en la cárcel sin beneficios", enfatizó Calderón en declaraciones a los medios desde la casa presidencial.
Esta nueva ley, que entrará en vigor en 90 días, establece que este tipo delitos no podrán prescribir en ningún caso. "El secuestro será sancionable sin importar cuánto tiempo haya pasado entre la comisión del delito y la presentación del inculpado ante la justicia", explicó el mandatario.
También establece mecanismos para mejorar la coordinación de las labores de los organismos federales y regionales en temas de prevención, organización, combate y modernización de la tecnología, entre otros.
Pero además consolida la creación de las Unidades Antisecuestro que se están instalando en varios municipios del país azotados por la violencia y la criminalidad, porque ahora apoyarán a las procuradurías, fiscalías, policías, técnicos y las instituciones del Estado pertinentes.
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La llamada Ley Antisecuestro incluye novedosos mecanismos para reparar a las víctimas de este flagelo. "Por ejemplo, si ha desaparecido el dinero del rescate, el juez podrá ordenar que se repare el daño con los recursos que provengan del patrimonio de los bienes del propio delincuente y que sean, además, que puedan ser embargados y garantizados en favor de dicha reparación", explicó Calderón.
Asimismo, la normativa prevé la creación de un fondo de apoyo a las víctimas del secuestro, el cual "va a servir, entre otras cosas, para proporcionarles atención médica y psicológica", al tiempo que establece "diversas garantías" tanto a los afectados como a los testigos "durante las investigaciones y los procesos judiciales".
BALANCE OFICIAL
Durante su discurso, Calderón achacó a la "falta de acción, la irresponsabilidad, la pasividad" de otros Gobiernos la ola de violencia y secuestros que se ha desatado en México y que ha dejado en los últimos cuatro años casi 30.000 fallecidos.
Así, Calderón resaltó los logros de su Gobierno en esta materia recordando que durante su gestión han sido detenidos casi 3.000 secuestradores y desarticulado más de 600 bandas dedicadas a este delito.
Desde el año 2007 hasta la fecha han sido liberados más de 4.100 personas, precisó el mandatario. "Sin embargo, este delito sigue siendo tema medular de preocupación ciudadana y un reto fundamental y prioritario para todas las autoridades", aclaró.