Estas empresas están "saboteando" la revisión de una Norma que otorgaría mayor protección a estas áreas de gran riqueza biológica
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sector turístico mexicano pretende seguir destruyendo manglares "sin restricción alguna", según denunciaron las ONG Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que señalan en un comunicado que "para continuar haciéndolo, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos AC (AMDETUR) interpuso un recurso de revisión al proceso de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-022, relacionada con la protección de manglares".
A su juicio, el sector turístico de este país "se opone a cualquier modificación porque la normatividad vigente le permite devastar completamente estos ecosistemas" y explicaron que, poco antes de concluir el proceso de revisión de esta Norma, AMDETUR "intentó disolver el grupo que venía trabajando varios meses en este tema", y en el que participó Greenpeace, e impedir la aprobación de la nueva norma, ya que ésta "les obligará a proteger al menos el 95% de la superficie de manglar donde pretendan operar".
"No podemos permitir que continúe la devastación realizada por el sector turístico e inmobiliario", reseñó Alejandro Olivera, coordinador del Área de Océanos de Greenpeace. La industria privada "no puede atentar impunemente contra los ecosistemas de México ni intentar sabotear el proceso de reforma de esta Norma", insiste.
SISTEMAS DE PROTECCION
Olivera explica que los manglares, además de servir como barreras contra inundaciones y huracanes, "protegen la línea costera contra la erosión, sirven como purificadores de agua y albergan una enorme biodiversidad".
Hasta el 80% de las especies de peces y crustáceos de interés comercial y de los que viven en los arrecifes de coral pasan una etapa de su vida en los bosques de mangle. El valor estimado de los servicios ambientales que este ecosistema brinda tan sólo a las pesquerías mexicanas alcanza los 14.850 millones de dólares (11.800 millones de euros) al año.
En México existen 886.760 hectáreas de manglares, de las que cada año desaparecían casi 10.000 hectáreas. Por ello, hace una década académicos, organizaciones civiles, empresarios y distintos sectores del Gobierno trabajaron durante siete años para elaborar una Norma de protección a este ecosistema, la NOM-022, que fue publicada en 2003.
Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) modificó de manera ilegal, según estas ONG, esa norma el 7 de mayo del 2004 para permitir la destrucción de manglar a cambio de una ínfima "compensación económica". "Esa modificación fue inmediatamente aprovechada por 17 proyectos de desarrollo turístico en perjuicio del ecosistema costero en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz", denuncian las ONG.
"En materia de manglares es aplicable la Ley General de Vida Silvestre, pero SEMARNAT aplicó la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible de manera ilegal para justificar las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y pagar cantidades mínimas por compensación del daño ambiental ocasionado al ecosistema", afirmó por su parte Alejandra Serrano, coordinadora del programa de biodiversidad del CEMDA.
"Por si fuera poco, el mismo José Luis Luege Tamargo, titular de SEMARNAT, ha reconocido la presión del sector turístico para no cubrir el vacío que desde 2004 mantiene la norma de protección de los manglares", agrega Olivera. Ese vacío ha permitido durante todo este tiempo "obsequiar a multinacionales del sector turístico con autorizaciones para que sus desarrollos turísticos e inmobiliarios deforestaran manglares", señala Olivera.
En febrero pasado, y ante la presión ejercida por grupos ecologistas y especialistas en manglares, se formó un Grupo de Trabajo representado por diversos sectores y liderado por SEMARNAT, para revisar y modificar la norma, un proceso que acaba de concluir restableciendo condiciones de protección en al menos el 95% de la superficie de manglar donde pretendan operar las empresas turísticas e inmobiliarias.
Greenpeace y CEMDA exigen en este sentido a SEMARNAT "no volver a cometer en esta ocasión el error de ceder ante presiones del sector turístico". "La nueva Norma aprobada por el Grupo de Trabajo debe ser respetada", concluyen.