Actualizado 22/12/2016 19:48

México, un país desangrado por la guerra contra el narco

Asesinato
REUTERS

   CIUDAD DE MÉXICO, 21 Dic. (Notimérica) -

   Más de 150.00 muertos. Cerca de 27.000 desaparecidos. Otros 35.000 desplazados. Son las dramáticas cifras que dejan los 10 años de lucha contra el narcotráfico protagonizada por el Gobierno mexicano, según datos de la Secretaría de Gobernación, el Sistema de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH).

   Una guerra que comenzó en 2006, durante la gestión de Felipe Calderón (2006-2012) y que aún perdura bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, sucesor de Calderón y aun en el cargo. Fue un 10 de diciembre cuando el exmandatario mexicano le declaró la guerra las organizaciones criminales dedicadas al contrabando de drogas.

   Todo empezó con la conocida como 'Operación Michoacán', un operativo lanzado en diciembre de 2006. "Informamos a los mexicanos del Inicio de la Operación Conjunta Michoacán, con un despliegue de más de cinco mil efectivos para esta operación en la cual se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas", rezaba un comunicado emitido por la Presidencia el día 11 de diciembre.

   Calderón aterrizó en la Casa de Gobierno con la promesa de acabar con los cárteles de la droga y, bajo este precepto, sacó al Ejército a las calles. Durante esta década, han sido principalmente los militares y los miembros de la Marina los que se han visto involucrados en una encarnizada guerra.

   Y, sin duda, las cosas cambiaron. Pero... ¿a mejor? En 2005, el índice de homicidios en México era de 9,5 por cada 100.000 habitantes. Con el ascenso de Calderón a la Presidencia, la cifra se duplicó. Fue entonces cuando el Gobierno comenzó a negar que hubiera víctimas civiles: los muertos del conflicto eran solo los narcotraficantes o los policías y militares que combatían contra ellos.

   Sin embargo, numerosos datos ponen en duda esta afirmación, como los registrados por el Instituto de Estadística mexicano: entre 2007 y 2014, murieron 164.000 civiles, muchos más que los 103.000 que suman en el mismo periodo dos de los conflictos más graves de Oriente: las guerras de Irak y Afganistán.

OTRO GOBIERNO, MISMO RUMBO

   Llegó 2012 y, con él, el fin de un mandato y el comienzo de otro: el priista Enrique Peña Nieto sustituía al panista Calderón en el Palacio Nacional. Pero el cambio de Gobierno y de presidente no implicaría una mejora --o al menos un cambio-- en la violenta situación que vivía el país.

   A pesar de que Nieto impulsó medidas para combatir el narcotráfico de una forma menos sanguinaria --como apoyar el uso medicinal de la marihuana-- su éxito está, como poco, en duda; hecho que quedó reflejado el pasado mes de julio, durante el cual murieron 2.073 personas, una cifra que no se veía desde el año 2011, el más sangriento de la era Calderón.

   En los cuatro años que Peña Nieto lleva como presidente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado un total de 28.515 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, según detalló un informe elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi).

   Esta cifra ascendería a 68.000 si se toman los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Gobernación y fiscalías, los cuales contabilizan el número de homicidios dolosos sin importar si fueron a causa del crimen organizado.

   Sin embargo, de acuerdo con el experto en seguridad nacional Javier Oliva, la cifra real de homicidios y delitos ocurridos en diez años es incalculable, ya que existe una gran cantidad de personas desaparecidas, homicidios que no son calificados como tal y otros asesinatos cometidos por el crimen organizado de los que el gobierno no tiene conocimiento.

CENTROAMÉRICA, EL GRAN OLVIDADO

   Las consecuencias del conflicto mexicano han traspasado fronteras, afectando gravemente a los países vecinos del sur, sobre todo a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

   La región centroamericana vive desde años una fuerte ola de violencia, que ha posicionado a estos países como algunos con los mayores índices de criminalidad del mundo y siendo los países sin una guerra latente más violentas del planeta.

   La violenta lucha que se vive en México ha provocado que muchas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico emigren a los países centroamericanos, trasladando allí la violencia implícita en el negocio de la droga. Algunas de estas son poderosos e influyentes cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas o el del Golfo.

   De este modo y sobre todo para los países del Triángulo Norte --Guatemala, Honduras y El Salvador-- estos grupos son ahora uno de los principales problemas internos, según reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

   Así es como los negocios de los cárteles mexicanos tienen gran parte de responsabilidad de la violencia que impera en esto países, que ven en ellos una importante y rentable vía de paso para las drogas procedentes de Sudamérica en su camino a Estados Unidos, el gran consumidor.

   En 2007, de acuerdo con la consultora Stratfor, sólo el uno por ciento de la cocaína que se enviaba a Estados Unidos pasaba por territorios centroamericanos ya que la mayor parte del trasiego se realizaba por vía marítima o aérea.

   Pero la situación cambió. El informe sobre estrategia internacional de control de narcóticos de 2016 del Departamento de Estado revela que el 90 por ciento de los cargamentos de la droga cruzaron primero por América Central. "Centroamérica se convirtió en una especie de centro de servicio para los carteles mexicanos", asegura a 'BBC Mundo' el director del Centro de Investigación y Análisis Estratégico de Nicaragua, Roberto Orozco.

   Poco a poco, la violencia y las influencias de los cárteles mexicanos llegaron a Centroamérica. Así lo atestigua el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein: "Ahora enfrentamos tipos de violencia asociadas directamente a la criminalidad organizada y los controles territoriales que llevan a cabo las pandillas u alianza con la delincuencia organizada ha hecho que las Maras sean una especie de instrumento de control territorial para los carteles", asegura.

   "El narco esperaba el resultado electoral para ver que alcaldes se habían electo y entonces amenazarlos o corromperlos (...). Ahora postulan a sus candidatos y desalientan violentamente cualquier competencia para asegurarse los corredores de ilegalidad", lamenta Stein.

FRACASO

Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Sonora y Coahuila siguen siendo el centro de violentos enfrentamientos, tanto contra las autoridades como contra bandas rivales por el control del territorio y las rutas de la droga.

Según los últimos datos publicados por el l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero registró la tasa más alta de homicidios en 2015 con 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes, después Chihuahua con 42, y Sinaloa con 36.

Son datos que evidencia el fracaso de diez de años de lucha contra el narcotráfico. Una década que no ha impedido hasta el momento que hasta nueve importantes organizaciones criminales siguen operando por todo el territorio mexicano, entre las que destaca en la actualidad el cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más jóvenes y poderosos a día de hoy, sobre todo tras la detención de 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel rival de Sinaloa.

Además de las cifras ya mencionadas, dos hechos evidencian el fracaso de la labor de las autoridades en este campo. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 --en la que participaron autoridades y la banda criminal Guerreros Unidos-- y las y las ejecuciones extrajudiciales en el Estado de México, cuando miembros del Ejército abatieron a 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya.

Asimismo, desde 2013 han ido naciendo grupos civiles que, armados, se asocian para luchar ellos mismos contra los grupos criminales ante la ineficacia de los cuerpos de seguridad, sobre todo en el estado de Guerrero.

Diversos datos de 2016 también reflejan la inexitosa lucha del Gobierno Mexicano. Uno de ellos es el de los decomisos, los cuales se han reducido en todas las drogas, así como en el aseguramiento de armas de uso exclusivo del Ejército.

En general, no se ha decomisado más cantidad de ninguna droga respecto a los primeros siete meses de 2015, según datos de la ONU, de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y del Ejército Mexicano.

Los decomisos e incautaciones de estupefacientes, drogas y otro tipo de material --como vehículos-- se reducen, mientras los drogas siguen subiendo hasta Estados Unidos y las armas --muchas procedentes del 'país de las oportunidades-- continúan cayendo en manos de los criminales.

Un país entero inmerso en un largo túnel de violencia cuya salida sigue sin vislumbrar.