CIUDAD DE MÉXICO, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Tras concluir que tanto autoridades locales, como estatales y federales, participaron en los hechos violentos de Oaxaca el pasado año, el ministro de la Corte Suprema de México Juan Silva Meza ha propuesto la creación de una comisión que investigue la actuación de ex funcionarios en las violaciones a los derechos fundamentales cometidas durante este conflicto, que duró seis meses.
De acuerdo con el proyecto de sentencia que hizo circular entre sus compañeros ministros, a cuya copia tuvo acceso el diario local 'El Universal', la Corte debe nombrar una comisión para el caso Oaxaca que esté encabezada por dos magistrados federales.
Éstos se encargarán de investigar y determinar quiénes fueron los funcionarios públicos responsables de los hechos denunciados por decenas de detenidos, para pedir que se les impongan, según sea el caso, responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.
Aunque el proyecto de sentencia no menciona los nombres de los ex funcionarios que serán objeto de la indagatoria, en la Corte se nombra al ex presidente Vicente Fox, al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al actual procurador general de la República, Eduardo Medina, quien tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública federal durante el conflicto.
Estos datos coinciden con la investigación sobre el conflicto oaxaqueño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que emitió el pasado jueves la recomendación 15/2007, ya que documentó violaciones a las garantías fundamentales de aproximadamente 1.600 personas.
ACUSACIONES
Por su parte, el Defensor del Pueblo, José Luis Soberanes, indicó que el actual mandatario, Felipe Calderón, deberá atender esta recomendación porque "no le vería el caso solapar a las autoridades del anterior régimen".
Asimismo, señaló como responsables de los agravios en Oaxaca a las policías Ministerial y Preventiva del estado y al gobernador, Ulises Ruiz, y también responsabilizó de las violaciones a los derechos humanos a agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y al Ejército.
El ministro Silva Meza elaboró el estudio en respuesta a una petición que hizo la Cámara de Diputados a la Corte Suprema el pasado mes de marzo. En febrero, redactó el documento final en el que una mayoría de siete ministros determinó la existencia de violaciones graves a las garantías de la población de la pequeña localidad de San Salvador de Atenco durante los enfrentamientos de verano de 2006.
En la Corte Suprema existe la confianza de que, por congruencia, una vez que termine la revisión del juicio de la ley de medios, los ministros aplicarán para el caso Oaxaca el mismo criterio que emplearon en el caso Atenco.