Las disidencias de las FARC, así como ELN y otros grupos, continúan con el reclutamiento forzado de niños
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de cien líderes sociales fueron asesinados en 2017, como parte de un patrón de violencia que ha afectado sobre todo a las zonas rurales que estaban controladas por la antigua guerrilla de las FARC y que ahora se disputan grupos rivales para ocupar el "vacío de poder", según el informe publicado este martes por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre el primer año del acuerdo de paz.
El Gobierno y las FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), encargaron en dicho acuerdo al Alto Comisionado que elaborara un informe anual sobre el impacto que los textos negociados durante cuatro años en La Habana ha tenido en la situación de Derecho Humanos en Colombia.
En su primer informe, relativo a 2017, la ONU se ha mostrado "extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques".
Solo durante el año pasado se registraron 441 ataques, de los cuales 121 fueron asesinatos, de los cuales catorce fueron contra mujeres, "lo cual dobla el porcentaje de defensoras asesinadas" en comparación con 2016. Los activistas más afectados son indígenas, afrodescendientes y líderes sindicales, ha detallado.
El 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron en las zonas más afectadas por el conflicto armado con las FARC, donde la débil presencia estatal y la lenta implementación del acuerdo de paz han permitido la irrupción de grupos armados para sustituir a la antigua guerrilla y apoderarse de sus negocios ilícitos.
El Alto Comisionado ha indicado que estos asesinatos se producen en contextos que cumplen tres características: "la presencia de economías ilícitas --tráfico o producción de drogas, minería ilegal o extorsión--; una tasa de homicidio que supera los niveles de violencia endémica; y una tasa de pobreza multidimensional más alta que la media nacional".
"Algunos de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos, especialmente aquellos en antiguas zonas de influencia de las FARC, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del acuerdo de paz", ha reprochado Naciones Unidas.
La Oficina ha subrayado que esta ola de violencia ha afectado en general a la población civil que habita en estos territorios, trascendiendo así el ámbito de los activistas. Solo en el último trimestre de 2017, registró "cuatro masacres en el contexto de disputas por el control de economías ilícitas en antiguas zonas las FARC".
RECLUTAMIENTO DE NIÑOS
El Alto Comisionado también ha denunciado "la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde
operan ex miembros de las FARC" y por parte de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) --en negociaciones de paz con el Gobierno-- y de integrantes de organizaciones criminales.
Las FARC se comprometieron como parte del acuerdo de paz a entregar a todos los menores que tenían en su poder. De acuerdo con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hasta ahora solo ha liberado a 135 --75 niñas y 60 niños--.
Además, ha indicado que "aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción más recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia". "Los que permanecieron en los centros tienen mejor acceso pero se encuentran lejos de sus familias", ha apostillado.
'FALSOS POSITIVOS'
Por otro lado, la Oficina ha reiterado su preocupación por el comportamiento de las fuerzas de seguridad colombianas y se ha referido en concreto a los casos de 'falsos positivos', como se conocen popularmente las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate para obtener beneficios profesionales.
A la ONU le preocupa la "impunidad selectiva" en los casos que afectan a oficiales de alto rango, como generales. A este respecto, ha recordado que en los últimos dos años algunos investigados han sido ascendidos "en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración".
El Alto Comisionado ha reclamado que los casos sean investigados debidamente y que, al margen de las sanciones que correspondan por la vía penal, las "bonificaciones" recibidas por las bajas en combates sean reembolsadas y utilizadas para compensar a las víctimas.
RESISTENCIA A LA PAZ
El informe, que realiza 19 recomendaciones, aconseja acelerar la aplicación del acuerdo de paz para acabar con estos "efectos adversos".
No obstante, se muestra consciente de que "ha habido mucha resistencia a la implementación del acuerdo de paz en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios".
En particular, "observa con preocupación los graves obstáculos a la implementación del capítulo del acuerdo de paz relacionado con la participación política, debido a los ataques por parte de los sectores políticos interesados en mantener el 'statu quo' o que tienen alguna otra razón para oponerse al acuerdo".