BUENOS AIRES, 10 Ago. (Notimérica) -
Diferentes organismos argentinos que se dedican a la protección de los Derechos Humanos han alzado sus voces y han trasladado el caso de la activista y dirigente política y social argentina, Milagro Sala, al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, para que interceda en la liberación de la diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur).
La líder indígena cumplió el pasado 3 de agosto 200 días encarcelada de forma "preventiva" por un supuesto caso de corrupción.
Sin embargo, el verdadero motivo de su detención fue por una acción de protesta que realizó en la Plaza Manuel Belgrano, ubicada en la capital argentina de Buenos Aires, después de instalar un campamento frente a la Gobernación de la provincia de Jujuy para protestar y rechazar la reorganización de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo Gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente de la nación, Mauricio Macri.
Tras su detención el 16 de enero de 2016, Sala fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, después de ser imputada por una supuesta "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".
A juicio de los activistas y defensores de los Derechos Humanos en Argentina, la detención de la diputada es sinónimo de criminalización a la protesta y de corte político.
De este modo, el reclamo por su libertad se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag #200días.
"La detención de Milagro tiene como objetivo aterrorizar a los trabajadores que salen a luchar contra los miles de despidos que hay en todo el país y a quienes van a luchar para recuperar el salario perdido por la devaluación y la inflación", sentenció la diputada Myriam Bregman, del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), según recoge 'TeleSur'.
La provincia de Jujuy se ha convertido en un centro de criminalización de la protesta, "la Ley en Jujuy no existe y esto es algo sumamente grave en términos de un Estado de derecho. Nos deja una sensación de absoluta indefensión porque las leyes en Jujuy no se aplican", indicó la abogada defensora, Elizabeth Gómez Alcorta, a 'Política Argentina'.