BUENOS AIRES, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "seguirá trabajando para encontrar la solución" al problema del puente que une a Argentina y Uruguay, el cual fue cerrado en 2006 por ecologistas y vecinos que protestan en contra de la planta de celulosa instalada a orillas de un río, informó este miércoles el jefe del gabinete argentino Aníbal Fernández.
Argentina está en este momento "en pleno análisis" de la resolución emitida este martes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que condena a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay pero que permite a la papelera UPM (antes Botnia) a continuar sus actividades al no contar con pruebas de que sea contaminante.
El dictamen de La Haya responde a la denuncia presentada en 2006 por Buenos Aires contra Montevideo por la instalación de una planta de celulosa cerca del río Uruguay, sin haber hecho las previas consultas tal y como lo establece un tratado firmado por ambas naciones en 1975.
"Hemos hecho un esfuerzo y hay que seguir trabajando para que se tenga en algún momento soluciones que traten de resolver una problemática que para nosotros es un todo", indicó Fernández en declaraciones a la emisora Radio Diez.
Los ecologistas y vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú decidieron el 20 de noviembre de 2006 poner un candado al portón que permite el acceso al Puente Internacional General San Martín impidiendo la salida de vehículos hacia Uruguay y el ingreso a Argentina de los coches provenientes desde Fray Bentos, donde se encuentra la 'pastera'.
El jefe ministerial informó de que los puentes de Colón-Paysandú, y Concordia-Salto --que comunican a ambos países-- ya "están liberados", pero todavía queda pendiente el paso entre Gualeguaychú y Fray Bentos, considerado uno de los más importantes y estratégicos para el intercambio comercial.
No obstante, Fernández ha pedido "prudencia" en las declaraciones que emitan las partes interesadas, así como en las acciones de las personas que rechazan el dictamen de la CIJ. "No deben aparecer expresiones que parezcan amenazadoras ni gestos descomedidos que no sirven para nada", consideró.
El Gobierno de Fernández de Kirchner espera tener una reunión con los asambleístas de Gualeguaychú. "Veamos como encontramos la mejor solución sin amenazas a nadie ni agredir a nadie", insistió.