Actualizado 23/01/2007 00:13

Perú.-El Congreso admite una denuncia contra Alejandro Toledo por reconocer ante la CIDH un caso de violación a los DDHH


LIMA, 22 Ene. (EP/AP) -

Una subcomisión del Congreso peruano declaró hoy procedente una denuncia constitucional contra el ex presidente Alejandro Toledo y dos de sus ministros por haber reconocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano tuvo responsabilidad en un caso de violaciones a los derechos humanos.

La denuncia fue presentada por el congresista oficialista Javier Velásquez Quesquén y admitida por unanimidad por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, según informó el Congreso en un comunicado.

"Se ha dejado en claro que los denunciados tendrán las garantías que el debido proceso otorga y podrán realizar su defensa y descargo ante el referido grupo de trabajo", expresó Velásquez Quesquén.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá elaborar un informe y remitirlo a la Comisión Permanente para su evaluación y votación por el Pleno de la Cámara.

Toledo y sus entonces ministros Alejandro Tudela y Marciano Rengifo están acusados de haberse subordinado a la CIDH, lo que condujo a que el Estado peruano fuera sentenciado recientemente a pagar indemnizaciones en favor de 41 presos terroristas muertos en un incidente violento en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, en 1992.

Este fallo ha sido duramente cuestionado por el actual Gobierno de Alan García, que ha adelantado que apelará los recursos jurídicos necesarios para evitar cumplir la sentencia.

En la denuncia contra Toledo y sus ex ministros se señala que cometieron infracciones al artículo 38 de la Constitución, entre otros, y el delito de los deberes funcionales, tipificado en el Código Penal. El artículo 38 de la Carta Magna indica que "todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales".

Toledo, que ahora reside en Estados Unidos, respondió recientemente a estas acusaciones asegurando que sus ministros "actuaron dentro de la ley y del concepto del respeto de los derechos humanos", bajo su propia "instrucción y decisión".

Además de esta denuncia, Toledo se enfrenta a un proceso penal por un caso de falsificación de firmas en que incurrió su partido para participar en las elecciones presidenciales de 1998. Asimismo, existen investigaciones sobre supuestos gastos excesivos en el Palacio de Gobierno durante la gestión de Toledo (2001-2006).

En los últimos días viene apareciendo en la prensa un pronunciamiento suscrito por un grupo de personalidades peruanas, entre ellas el ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar y varios ex funcionarios del gobierno de Toledo, en el que le expresan su respaldo ante lo que consideran una campaña de desprestigio contra él y emprendida por el actual Ejecutivo.