LIMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ollanta Humala confía en que en los próximos cinco años podrá derrotar el narcotráfico en la conflictiva zona del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE), en el sur de Perú, donde operan grupos armados en conjunto con los cárteles de la droga.
El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, ha explicado que para lograrlo no es necesario "arrasar" con esa importante zona selvática, sino trabajar en una estrategia en la que participen todas las instancias del Estado.
"Estoy seguro que con el concurso del gobierno local y regional vamos a poder desterrar del VRAE al narcotráfico en cinco años", ha asegurado Soberón en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina.
Una de las medidas podría ser la suspensión del suministro de productos químicos para la elaboración de estupefacientes, ha sugerido Soberón, quien ahora encabeza el despacho encargado de impulsar una estrategia para los próximos cinco años destinada a atacar el narcotráfico.
Los cultivos de hoja de coca en Perú crecieron por quinto año consecutivo en 2010 y superaron los de Colombia, alcanzando las 61.200 hectáreas, según datos divulgados en junio por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que colocan a ese país sudamericano como el mayor productor de la hoja de coca.
La VRAE es una extensión selvática de 12.000 kilómetros cuadrados que abarca los departamentos Ayacucho, Cuzco y Junín, donde estarían localizados la mayoría de los cultivos de coca de Perú, los cuales son controlados por poderosos grupos armados.
La estrategia de Soberón estará enfocada en promover leyes que "ataquen y hagan el mayor daño posible" a la cadena del narcotráfico, así como reforzar los trabajos de inteligencia para dar con los verdaderos responsables de los cultivos ilícitos y su distribución.
Humala, un militar retirado que asumió la presidencia el pasado 28 de julio, se comprometió durante su campaña a atacar el narcotráfico y poner fin a la violencia desatada por las organizaciones subversivas en la VRAE, donde viven importantes comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza.