Un total de 1.328 españoles está privado de libertad fuera de España, la mayoría de ellos por delitos de drogas
MADRID, 28 Feb. (EP/Notimérica) -
Perú es el país que genera más quejas de los presos españoles en el extranjero, motivadas fundamentalmente por el trato que reciben en prisión y la lentitud en los trámites para lograr el traslado a España y cumplir aquí el resto de su condena, según recoge el informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2016.
A 30 de diciembre de 2016, un total de 1.328 españoles se encontraban privados de libertad en el extranjero, el 90 por ciento de ellos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
La Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, subraya en su último informe el papel "fundamental" que deben desempeñar las delegaciones diplomáticas españolas para ayudar a las familias, que se enfrentan "con la lejanía, dificultades con el idioma, así como con el desconocimiento de los sistemas jurídicos y penitenciarios extranjeros, por lo que mantenerse informados sobre la situación en la que se encuentran sus familiares presos les resulta muy complicado".
En Perú permanecen entre rejas 243 ciudadanos españoles. La institución que preside Becerril realizó en 2016 actuaciones relativas a la situación en las prisiones peruanas en 18 casos, de los que dos fueron puestos en libertad ese mismo año.
Después de tres años en los que los expedientes de traslado de presos permanecieron prácticamente suspendidos, a finales de 2016 se apreció un cierto desbloqueo, según la Defensora, que dirige una recomendación al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que facilite a los reclusos que así lo soliciten el trámite para otorgar poderes notariales, ya que los presos no pueden o les es más difícil gestionar personalmente estos trámites.
Marruecos, con 95 presos españoles, es el segundo país del que se han recibido más quejas en el Defensor del Pueblo, que ha realizado once actuaciones en su favor en 2016. Las quejas se refieren fundamentalmente a la calidad de la asistencia sanitaria en prisión y las solicitudes de agilización del traslado a España.