LIMA, 9 Oct. (EP/AP) -
El Estado peruano no ha cumplido con el 40% de las recomendaciones que figuran en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó los hechos de violencia en Perú entre 1980 y 2000, según reveló un estudio.
Según una reciente publicación del Instituto de Defensa Legal (IDL), la CVR presentó en su informe final 85 recomendaciones, 53 referidas a reformas institucionales, 22 para el Plan Integral de Reparaciones, una para el plan de exhumaciones, otra para un mecanismo de seguimiento, dos sobre memoria y seis sobre judicialización.
"El 40% de recomendaciones permanece sin haber sido atendido en absoluto", indicó el estudio, que a su vez señaló que sólo se ha avanzado satisfactoriamente un 17% de las propuestas de la CVR, especialmente en el plano de las reparaciones a las víctimas del conflicto armado. Dicho documento solamente se refiere a los avances que se han hecho desde agosto del 2003, año en que se hizo público el informe, hasta agosto del 2006.
Según la presidenta del Consejo Nacional de Reparaciones, Sofía Macher, las principales recomendaciones comprenden las reformas del Estado, que son, justamente, las que no han sido atendidas. "Esa es la mayor preocupación, porque las recomendaciones más débiles y que tienen menos avance son las reformas del Estado. Allí está, además, la garantía de que lo que ocurrió no se vuelva a repetir", manifestó al diario 'El Comercio' en una entrevista publicada hoy.
Macher aseguró que la principal reforma que debería ejecutarse es la educativa, especialmente en los poblados de las zonas rurales del país, pues, según las conclusiones de la CVR, fueron ellos quienes más padecieron la violencia interna. "Los campesinos reclaman educación porque consideran que esta herramienta es el único vehículo que poseen para salir de la pobreza. La educación es la prioridad para eliminar las brechas entre peruanos", precisó.
El informe del IDL indicó que también falta mucho por hacer en la reforma de la administración de justicia pues, por ejemplo, no se ha creado un ente autónomo responsable del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, tal como recomendó la CVR.
Entre 1980 y 2000 el país estuvo sumergido en una guerra interna desatada por el grupo subversivo de ideología maoísta Sendero Luminoso y que fue combatida por las fuerzas de seguridad del Estado, lo que dejó más de 69.000 muertos.