CIUDAD DE MÉXICO, 7 Mar. (Notimérica) -
El pasado 13 de enero, una niña de 11 años desapareció en el municipio de San Pablo del Monte, en el estado mexicano de Tlaxcala, cuando iba de camino desde la escuela a su casa.
El secuestro de Karla Romero Tezmol, que, según los testigos, se produjo a la altura de la calle 20 de Noviembre por unos asaltantes que metieron a la niña en un coche negro, fue grabado por la cámara de vigilancia de un establecimiento.
Sin embargo, esas imágenes se han perdido debido a un error de la Procuraduría estatal, que no solicitó las grabaciones del 13 de enero, sino del día siguiente, según informa el portal 'Animal Político'.
El vídeo que la Procuraduría le mostró a la familia no mostraba nada relevante y en él no aparecía la niña. Cuando los padres de Karla revisaron la fecha del vídeo se dieron cuenta de que no correspondía al día en que Karla había desaparecido.
Cuando se detectó el error, las imágenes correspondientes al día del secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado.
"Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los vídeos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto que no le habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió por incompetencia de la Policía", declaró en una entrevista con el portal Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
No obstante, esta no es la única irregularidad que han cometido las autoridades en el caso de la desaparición de la niña.
En primer lugar, Pascual denunció que a pesar de haber reportado la desaparición de Karla pocas horas después, la Procuraduría estatal no emitió la Alerta Amber hasta 21 días después. Este protocolo obliga a las autoridades a difundir inmediatamente imágenes y datos personales de menores de edad secuestrados, extraviados, desaparecidos o que puedan ser víctimas de algún delito.
"La Alerta sirve para que las y los niños puedan ser detectados en centrales camioneras, en salidas carreteras, el aeropuertos, su objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen. Pero en el caso de Karla no ocurrió así: la Procuraduría de Tlaxcala les dio 21 días a los secuestradores para que sacaran a la niña del estado", comentó la abogada.
Además, la Procuraduría aún no ha iniciado una investigación, a pesar de que existen testigos de los hechos y los familiares de la niña recibieron llamadas anónimas de los presuntos secuestradores.
De hecho, los padres de Karla recibieron informes anónimos de que la pequeña estaba siendo explotada sexualmente en la zona donde se permite la prostitución en la capital de Puebla, cercana a San Pablo del Monte.
"Por ahora, en Tlaxcala sólo hay un acta circunstanciada, es decir, una hoja que dice que la familia fue a denunciar la desaparición y ya... Eso es equivalente a nada", lamentó la abogada.
Ante estas y otras inconsistencias de las autoridades de Tlaxcala, la familia de Karla se ha visto obligada a actuar por su cuenta difundiendo imágenes e información personal de la niña, e incluso, visitando la zona de prostitución permitida de Puebla, dónde decenas de adolescentes estaban siendo vigiladas y explotadas sexualmente.
Allí averiguaron que la Procuraduría de Tlaxcala había solicitado a su homóloga de Puebla que realizara una inspección en un hotel de la zona para buscar a Karla.
Por su parte, la abogada Pascual determina que la búsqueda de la niña es solo una simulación. "Si no hay una carpeta de investigación, tampoco hay líneas de investigación, y sin éstas: ¿cómo determinas en qué lugar buscar? Salir a buscar así, a ciegas, eligiendo al azar los puntos de rastreo, es sólo simular que buscas", declaró.
De esta forma y por petición de la familia, el pasado viernes 4 de marzo, el Congreso de Tlaxcala aceptó que se citara a la procuradora Alicia Fragoso para dar explicaciones y rendir cuentas sobre las incongruencias en las que ha incurrido la institución en el caso de la desaparición de Karla.
Sin embargo, esta comparecencia aún debe ser aprobada por el gobernador de la administracion del Estado, Mariano González Zazur.