MÉXICO DF, 8 Ago. (Notimérica) -
Un grupo de reclusas centroamericanas del centro penitenciario de Tapachula (Ciudad de México), acusadas del delito de trata de personas, han iniciado una huelga de hambre en protesta del "falso delito" que les imputa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Poder Judicial del Estado de México (PJE).
Las presas --mayoritariamente de nacionalidad hondureña, salvadoreña y guatemalteca-- han reivindicado que fueron detenidas de forma arbitraria hace cuatro años, aunque algunas de ellas fueron detenidas en un lapso más reciente, en el marco de un operativo de la Procuraduría General de la Justicia de México para "dar ejemplo de la lucha contra la trata de personas" en la frontera sur y con ello "justificar los recursos que recibe el Estado de organismos internacionales".
Anterior a las detenciones, el grupo de las 19 mujeres inmigrantes ejercían de camareras y cocineras en diversos bares y centros de prostitución de la Ciudad de México. Entre ellas, destacan: Ana Isabel Lobos Ramos, Guadalupe Pérez Rodríguez y Lilian Elisabeth Aguilar, nacidas en Guatemala; Angélica María Monzón Gordilllo y Azucena María Bartolón Morales oriundas de México; y las demás foráneas de Honduras y El Salvador.
En un documento dirigido al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, las reclusas han narrado cada uno de los 19 casos que las mantienen entre rejas.
"En todos los casos la Procuraduría General de Justicia no ha podido demostrar el delito de trata con fines de explotación sexual y mucho menos la tentativa de trata de personas, pues no hay consumación de requerimiento de esclavitud", ha señalado el asesor- defensor de las mujeres y representante del Centro por la Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, en declaraciones recogidas por la revista 'Proceso'.
El asesor-defensor García Villagrán ha explicado que en ningún caso se secuestró, amenazó o engañó a las 19 mujeres y supuestas víctimas de la trata, "como bien emplean los grupos de la delincuencia", y que estas ejercieron la prostitución por voluntad propia y en pleno uso de las facultades mentales, pudiendo elegir entre cualquier otra actividad laboral, sí destacar su condición de pobreza.
La Procuraduría General de la Justicia cimentó las capturas e imputaciones de las centroamericanas en supuestas denuncias anónimas. No obstante, otras tres mujeres migrantes --Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales--, también acusadas, han logrado demostrar "la fabricación del delito".
En estos últimos meses las autoridades mexicanas han liberado a más de 526 víctimas del delito de trata de personas. Actualmente, 313 presuntos agresores están a la espera de un juicio por su responsabilidad en la trata y se han obtenido 54 sentencias firmes por las que 70 sujetos enfrentan penas de rondan de los nueve a 39 años de prisión.