Por Gonzalo Andrés García Fernández*, historiador e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH).
MADRID, 28 Mar. (Notimérica) -
El proyecto de ley de Reforma Laboral en Chile lleva más de un año en el epicentro del debate político en materia laboral en el país. Desde que se presentó el proyecto de ley el 29 de diciembre de 2014, recién en marzo de 2016 cuando parecía que iba a materializarse, se ha reabierto el debate de forma manifiesta en las calles en distintas ciudades del territorio nacional. Las movilizaciones protagonizadas fundamentalmente por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), diferentes dirigentes sindicales y actores sociales han sido noticia en los últimos días.
El conflicto que se genera en torno a la Reforma Laboral que se quiere implantar en Chile por el gobierno que Michelle Bachelet es patente. No solo por la oposición de la derecha, sino también por oposiciones internas en la Nueva Mayoría e incluso en el seno del Partido Socialista del cual es miembro la Presidenta actual del gobierno de Chile. Vemos, efectivamente, que existe un conflicto a nivel de partidos, es decir en el seno de la gobernabilidad del sistema democrático representativo. Por otro lado tenemos que mencionar la oposición en las calles, donde la CUT ha encauzado el discurso reivindicador en torno a reabrir un debate de lo que debería ser la Reforma Laboral.
La Reforma laboral que pretende llevarse a cabo tiene los siguientes puntos fundamentales a considerar:
1. En primer lugar los sindicatos se debilitan en favor de la Dirección del Trabajo, un organismo estatal y controlado por el gobierno de turno, haciendo aún menos soberana a la ciudadanía trabajadora sobre a lo que política laboral se refiere. Si bien es cierto que se eliminan los grupos negociadores (siempre que haya sindicato) pero estos pierden atribuciones y poder en la mesa de negociación debido a nuevas limitaciones que tienen que ver fundamentalmente con la capacidad de negociación con las empresas. Dentro de las medidas polémicas en torno a los sindicatos se añade como práctica desleal la presión moral que ejerzan éstos sobre trabajadores sin sindicalizar, dejando un vacío conceptual considerable a la hora de determinar que es y que no es "presión moral".
2. En segundo lugar podríamos destacar que en materia de negociación colectiva no se ha visto voluntad política en el proyecto de ley por equilibrar los escenarios de negociación, dando más vulnerabilidad a los trabajadores que antes. Aquí cabría mencionar la posibilidad de bajar "los pisos de negociación" si la empresa se declara mal económicamente o la implantación de un sistema denominado "adaptabilidad laboral" en el cual con solo el 30% de representación sindical (sindicato corporativo) se podrían llegar a acuerdos de flexibilidad laboral con el resto de los trabajadores.
3. En tercer lugar, el proyecto de ley limita una de las herramientas históricas de negociación y lucha sindical: la huelga, ya que su desarrollo deberá centrarse en lo que se denomina como "acto pacífico". Pero, ¿Cómo se determinaría si es o no pacífico? Digamos que los actos de huelga con esta ley son más susceptibles de que sean "violentos". No sobra mencionar que del empleador no se menciona nada al respecto de su conducta con el trabajador. El nuevo proyecto de ley además estipula que deben existir unos "servicios mínimos" garantizados por los propios sindicatos, un aspecto que efectivamente beneficia la empresa y desmoraliza a los trabajadores que estén en huelga.
En conclusión, la ley de reforma laboral que quiere implantarse en Chile no es de carácter social o vista a favor del trabajador (condiciones de vida). Es, más bien, vista en hacía de los intereses de la producción, es decir, de la empresa o empleador.
Al margen de estos acontecimientos de rabiosa actualidad es necesario retrotraernos al pasado para entender el problema en su conjunto. Solo así es posible tanto un entendimiento de la problemática para la ciudadanía como una posible reflexión de la misma.
Si existe una fecha que sea relevante en el espacio de las leyes del trabajo esa es 1931. En este año se puso en marcha la primera ley en materia laboral en Chile que fue clave en el mundo laboral, desde la perspectiva de negociación como desde la perspectiva de la "politización" de los trabajadores. Antes de la reforma o Código del Trabajo de 1931 los trabajadores se organizaban en sociedades mancomunales o mutuales, caracterizadas por una organización formada únicamente por trabajadores y financiada exclusivamente por sus socios. En dichas sociedades mancomunales se hacía política laboral directamente desde los trabajadores, sin partidos políticos ni Estado de por medio. Las sociedades mutuales, al tener autonomía financiera, se podían permitir desde sus propias imprentas hasta un sistema en el cual pudieran auto-educarse, creando una cultura "del trabajador". A partir de la implantación del Código del Trabajo de 1931 por Arturo Alessandri Palma los trabajadores serian remplazados por una nueva figura: los sindicatos, elementos de representación laboral dependientes. Al despojar al trabajador de esa educación o cultura de lo que significaba su trabajo el trabajador perdió soberanía, convirtiéndose en un trabajador que pide y no que decide. El trabajador será "peticionista" y, con el tiempo, se olvidará de hacer política.
La siguiente ley en temática laboral será en el año 1979 bajo el contexto de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El ideólogo del llamado "Plan Laboral" será José Piñera Echeñique (hermano del expresidente Sebastián Piñera), economista de corte liberal que será fundamental en la introducción del neoliberalismo en Chile. Dicho "Plan Laboral" es básicamente la base del modelo laboral actual y del que se pretende implantar. El Plan Laboral de José Piñera se encargó de "sepultar" la cultura del trabajador por completo colocando como foco principal de atención a la producción y la productividad de la empresa (preceptos económicos neoliberales), relegando a un segundo plano al trabajador. Entre las medias más importantes que se implantaron aquí se destacan: el reemplazo de los huelguistas (la huelga no paraliza la empresa), la prohibición de la negociación más allá del que se realice con la empresa ("despolitización sindical") o la limitación de la negociación en beneficio del empleador (la producción de la empresa como prioridad).
Desde 1979 no ha habido un proyecto de ley que reformase el Plan Laboral de José Piñera en sus bases esenciales. Recién en el mes de diciembre de 2014 se propuso una ley en esta materia pero con una clara postura continuista e incluso regresiva en temática de derechos. En el Chile reciente de los últimos veinticinco años los sucesivos gobiernos que presidieran la dictadura de Augusto Pinochet, en lo que se denominaría "Transición a la democracia", todo lo relacionado con debate y trasformación en torno a la situación laboral de los trabajadores ha sido de muy corto alcance y en ocasiones, como estamos presenciando en estos momentos, de carácter regresivo.
El gobierno actual defiende la ley como necesaria para asentar las bases para generar empleo y fomentar el crecimiento económico. Según los defensores de la misma, es un paso más hacia una reforma más ambiciosa donde el fortalecimiento de los sindicatos es el pilar central de esta reforma.
Lo que se reclama hoy en día en la calle son derechos básicos en torno a figura del trabajador. La ley que se pretende implantar desde el gobierno no conecta con las peticiones de la calle. Es más, desde la propia calle se está haciendo un ejercicio de reflexión política que en el gobierno no se hace. Las movilizaciones que presenciamos en los últimos días revelan que la ciudadanía se planta en rebeldía ante un sistema que no trabaja por el ciudadano/a si no para los que controlan y tiene el poder. Se antoja necesario que los trabajadores/as entiendan que significa su trabajo y que son ellos/as los que hacen posible el crecimiento económico del país. A día de hoy, es más necesario que nunca que la gente entienda su soberanía y su derecho a transformar la política.
*Gonzalo Andrés García Fernández es investigador en el área de historia del IELAT de la UAH, donde es también graduado en Historia y tiene el máster en 'América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica'. Ahora realiza una tesis doctoral en el programa 'América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional'.