MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El viceministro de Justicia de El Salvador, Henry Campos y el magistrado de la Corte Suprema de este país Sidney Blanco declararon hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en calidad de testigos en la causa en la que se investiga el asesinato en 1989 del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas. Ambos actuaron como fiscales en el caso seguido por estos hechos en el país centroamericano, si bien renunciaron a ejercer la acusación por los graves obstáculos que se les plantearon a lo largo del proceso.
Precisamente estas dificultades son las que relataron hoy al titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga desde enero una querella interpuesta contra 14 ex militares salvadoreños como presuntos responsables de los asesinatos, cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Tras su declaración, Blanco comentó a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional que había explicado al juez Velasco toda la labor que desarrolló en el proceso en el Salvador, primero como fiscal y luego, tras su renuncia, como acusador particular. "Le hemos contado nuestras vivencias en el proceso penal, porque no somos testigos de los hechos", dijo.
SIN AUTORES INTELECTUALES.
A su juicio, los principales escollos en el proceso en El Salvador derivaron del hecho de que la investigación se limitó a los responsables de las muertes desde un cargo concreto, el del coronel Benavides, "hacia abajo", por lo que se dejó fuera a los autores intelectuales.
Entre los principales obstáculos que los ex fiscales se encontraron estuvieron la falta de colaboración de los mandos del Ejército por entonces, ya que aportaban información falsa o contradictoria e incluso algunos testigos se confabularon para mentir, según el actual magistrado de la Corte Suprema Salvadoreña.
El viceministro salvadoreño apuntó por su parte que el Ministerio de Justicia no puede influir en la colaboración concreta que los tribunales de su país presten a la investigación del juez Velasco, como puede ser la aportación de testigos, si bien expresó la voluntad política de su país de ayudar y el reconocimiento de las víctimas.
"El juicio en el Salvador fue controlado con el único fin de condenar a los intermediarios y exculpar a los autores intelectuales", dijo Henry Campos.
La declaración de ambos juristas fue la segunda diligencia celebrada esta semana en la Audiencia Nacional en relación con esta investigación, después de que el pasado martes la profesora de la Universidad de Stanford (EE.UU.) y experta en asuntos suramericanos Terry Karl entregara al juez documentos desclasificados de varias agencias de inteligencia, entre ellas la CIA, que demostrarían la coordinación existente en el alto mando del Ejército salvadoreño para llevar a cabo los asesinatos.
Según los abogados de la acusación, el testimonio de la experta estadounidense vendría a avalar que los asesinatos se comenzaron a gestar tres días antes de ser cometidos, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
En el marco de esta investigación, Velasco ya ha enviado a El Salvador una citación para que los 14 militares que presuntamente acabaron con la vida del padre Ellacuría y los otros cinco sacerdotes jesuitas declaren en la Audiencia Nacional el próximo mes de febrero.
COLABORACIÓN.
Según informaron fuentes jurídicas, Velasco tiene localizados a 12 de los 14 militares imputados. El juez espera que se desplacen a Madrid a declarar, aunque tampoco tendría problema en que lo hicieran por videoconferencia.
La querella se presentó por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.
En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.
La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.