SANTIAGO DE CHILE, 3 Jul. (Notimérica) -
Un informe muestra cómo los centros de menores chilenos tienen un déficit de personal y económico. El Congreso y el Senado trabajan para encontrar una solución a la problemática.
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile fue investigado tras el caso de Lissete, en el que la menor de 11 años falleció en un centro de protección de la institución. El hecho sucedido en abril provocó el debate sobre la calidad del sistema y las garantías que ofrece a los jóvenes que se encuentran en el mismo.
El senador Alejandro Navarro fue el responsable de remitir el documento que muestra los problemas de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD). Los problemas de presupuesto han exigido que el mantenimiento de habitaciones, sanitarios y saneamiento o sistema eléctrico quede de lado en pro de las necesidades aún más básicas.
El informe muestra cómo existe una falta de, se estima, 371 profesionales de diferente índole. Profesores, terapeutas, asistentes con necesarios en el sistema y ejemplo de ello es el propio centro donde falleció Lissete, Galvarino, donde se necesitan 53 funcionarios.
Los problemas debidos al presupuesto son múltiples, ejemplo de ello son la necesidad de vestuario y calzado que no han podido ser cubiertas y que han obligado a aceptar donaciones de terceros. Tal es la situación que la entidad prevé que en 2017 tendrá un déficit de 512.710 millones de dólares.
Los problemas de personal y económicos dificultan cuestiones fundamentales y han provocado que se hayan priorizado "aquellos centros que se encuentran en estado crítico respecto de su dotación de personal", según declara SENAME a 'La Tercera'.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de funcionarios del SENAME (AFUSE) afirma que "es necesario que el Estado se haga cargo". Del Basto y añade que "no es sólo un tema de recurso" sino de "la gestión de las autoridades" que han tenido en el servicio-
Los centros de los que se encarga el Estado, sin intermediación, atienden a niños y jóvenes con desajustes de conducta, normalmente debido a traumas. Esta complejidad provoca que otros centros colaboradores no se puedan hacer cargo de la atención de los niños que no lleguen a ser convenientemente tratados.
LA CRISIS
El Gobierno de Chile está procurando mejorar la situación y trabajando en cambios legales. La Cámara de Diputados está tratando el proyecto de Garantías de Derechos e la Niñez y, por su parte, el Senado discute incluso la creación de una subsecretaría con el fin de atender todos los temas referentes a los niños.
Pese a esto, el Congreso es consciente desde el año 2013-2014 de la vulneración de derechos efectuada en el SENAME y la necesidad de su reconstrucción. El documento de este curso sólo verifica que la situación debe mejorar.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado discutió sobre esta cuestión resolviendo la sobrepoblación de los centros, ejemplo de ello es el CREAD de Pudahuel que tiene 80 plazas, atiende a 132 menores, es decir, a un 52 por ciento por encima de su capacidad, según expuso la Asociación de Trabajadores de la institución (ANTRASE).
El senador que presentó el informe, Navarro, mostró su malestar ante todos los datos expuestos: "aquí hay un fracaso del Estado", e intentó plantear una posible solución: "se requiere de una estrategia público privada y la solidaridad de la ciudadanía para mejorar esto".