Actualizado 16/07/2016 17:28

Los trabajadores panameños protestan contra la regularización de los inmigrantes chinos

Imagen contra la discriminación del Servicio Nacional de Migración de Panamá
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE PANAMÁ

   PANAMÁ, 16 Jul. (Notimérica) -

   Representantes de sindicatos, abogados de profesionales panameños en general, se están movilizando contra la regularización de miles de ciudadanos chinos. Esta regulación comenzó a realizarse por el Gobierno el pasado 3 de junio.

   Muchos ciudadanos de origen asiático arribaron en el país iberoamericano mediante movimientos empresariales mientras que otros fueron buscando trabajo en las minas y construcciones de Panamá.

   Los protestantes denuncian que la regulación es ilegal y supone "competencia desleal" a los trabajadores locales y extranjeros regularizados previamente.

   Las autoridades defienden su postura explicando que así protegerán a muchas personas que, procedentes de otros países, viven en Panamá como clandestinos y son víctimas de abusos laborales.

   Los expertos explican que hay dos problemas sin solución, según recoge 'BBC Mundo'. En primer lugar, destacan, la dificultad nacional para crear un conveniente sistema migratorio y, en segunda posición, la creciente llegada de forma irregular de trabajadores chinos.

LA MIGRACIÓN EN PANAMÁ

   La llegada de personas de procedencia china a Panamá comenzó hace más de 160 años con la migración de 750 personas para construir ferrocarriles.

   La migración aumentó en 1914 con las obras de excavación del Canal de Panamá y ya no cesó a lo largo del siglo XX, cuando el flujo de inmigrantes fue constante y se asentó una de las colonias chinas de mayor importancia en Latinoamérica.

   Aproximadamente el 6 por ciento de la población panameña --constituida por 3,5 millones de personas-- tiene algún vínculo con personas de origen chino, según algunos estudios. Pese a esta importante presencia, en los últimos años ha vuelto a aumentar la inmigración desde Asia.

   Los capitales asiáticos, cada vez con mayor presencia, tienen responsabilidad de esta oleada de llegadas que se amplía a otros países como Costa Rica y Nicaragua --donde China ha conseguido una concesión para construir un canal interoceánico--.

   Panamá es uno de los mayores escenarios de búsqueda de trabajo de esta población. Los chinos buscan en el país proyectos mineros como la Mina Cobre Panamá, que pretende contratar a 7.000 trabajadores de los que estiman que el 24 por ciento serán extranjeros.

EL PROBLEMA DE LA REGULARIZACIÓN

   Los gobiernos panameños han establecido en los últimos años los programas 'Crisol de Razas' que consisten en jornadas donde los extranjeros que ya están alojados pueden legalizar su situación.

   El subdirector del Servicio Nacional de Migración (SNM), Miguel López, afirma que la cifra de beneficiados por este programa es de 57.000 personas aunque otras personas difieren en la precisión de este datos.

   El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, prometió no realizar más jornadas como el 'Crisol de Razas' pero los protestantes acusan que los nuevos programas de regulación planteados por Juan Carlos Varela son similares.

   La secretaria de la Asociación de Profesionales de Panamá, Rebeca Yanis, explica que los decretos de las medidas de regulación no han sido consultadas con los trabajadores.

   Completa la crítica Isabel Saravia, miembro del Colegio de Abogados, que explica que los chinos son "una muy buena migración en materia de trabajo" y denuncia que, pese a esto, "son víctimas de trata de personas". Saravia denuncia que el decreto presidencial puede ser beneficioso para las bandas que fomentan la esclavitud.

   El Colegio Nacional de Abogados ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se deroguen los decretos de regulación migratoria.

EL DECRETO

   La Colegio Nacional de Abogados acusa al decreto presidencial de ser ilegal por ir en contra de las leyes de migración vigentes. El decreto, que establece sólo algunos requisitos, permite obtener el permiso de residencia de dos años.

   Los requisitos registrados por la orden son, entre otros, inscribirse y pagar cuotas de la seguridad social --presentando el correspondiente comprobante-- y constatar mediante recibos el pago de impuestos.

   El pasaporte no es estrictamente necesario para lograr el permiso dado que, en caso de no presentarlo, sirve una declaración jurada de algún conocido. El interesado también debe entregar su carta de antecedentes e importar la suma de 2.500 dólares.