MONTEVIDEO, 28 Mar. (EP/AP) -
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que busca cerrar una "dolorosa etapa" en la vida del Uruguay, envió al Congreso un proyecto de ley para compensar a las víctimas de la dictadura de izquierdas que comenzó en los años sesenta y se extendió 14 años, según informó el Gobierno este miércoles.
El proyecto que tendrá que ser debatido en el Congreso, donde tiene mayoría el partido de Tabaré Vázquez, 'Frente Amplio', establece que serán indemnizados 66 familiares de militares, policías o civiles asesinados por las organizaciones subversivas en el período 1962-1976, en Uruguay o en el extranjero.
La oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Pintado, confirmó a AP que el proyecto entró a la Comisión de Constitución y Códigos. Una vez pasado ese trámite irá al pleno de los diputados y de aprobarse pasará al Senado.
Desde 1973 a 1985 rigió una dictadura militar, protagonizada por los tupamaros que se alzaron en armas contra gobiernos democráticos y otras organizaciones similares.
La iniciativa para una compensación económica, similar a la que han recibido víctimas de los uniformados, partió del diputado del partido Colorado, Daniel García Pintos, para que cada familiar reciba 150.000 dólares (112.470 euros).
En ese sentido, Vázquez en un discurso a comienzos del mes de marzo admitió el "dolor de las víctimas" de uno y otro bando. En su mensaje al Congreso el Gobierno dijo que "los civiles fallecieron en circunstancias totalmente injustas y sin tener participación directa en los hechos".
Entre las víctimas figura un peón rural, Pascasio Báez, asesinado con una inyección letal en un campo de los tupamaros en Pan de Azúcar, a 110 kilómetros al este, el subsecretario de Educación y Cultura, Armando Acosta y Lara, y quien era embajador en Asunción Carlos Abdala, quien al parecer fue asesinado al ser confundido con el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
Entre los militares se encuentran los familiares del coronel Artigas Álvarez, asesinado por la espalda cuando salía de su domicilio. Era hermano del general Gregorio Álvarez, último presidente de facto y aparentemente en la mira de la justicia para responsabilizarlo de episodios de desapariciones y asesinatos de opositores.
Gregorio Álvarez fue comandante en jefe del ejército y tras jubilarse, entre 1982 y 1984 fue nombrado presidente del régimen que finalizó en marzo de 1985 cuando asumió Julio M. Sanguinetti como presidente, encabezando un difícil proceso de transición que se extendió durante casi 12 años.
Otras familias son las del coronel Ramón Trabal, asesinado en París, y del capitán de corbeta Ernesto Motto Benvenutto, y cuatro soldados asesinados cuando estaban dentro de un vehículo del ejército cumpliendo una guardia.
El mensaje del Gobierno establece que el propósito es "ayudar en la consolidación de la paz dando un justo tratamiento a las familias de los fallecidos".