Actualizado 14/12/2007 04:00

Venezuela/EEUU.-La Fiscalía General solicita el inicio del juicio contra los primeros sospechosos de la quiebra de Viasa

CARACAS, 14 Dic. (EP/AP) -

La Fiscalía General venezolana solicitó hoy a un tribunal local que abra un juicio contra los primeros seis sospechosos de la quiebra fraudulenta de la aerolínea venezolana Viasa en 1997, cuyo accionista mayoritario era la española Iberia.

La Fiscalía indicó en un comunicado que también solicitó la detención de los demás acusados, entre ellos varios ex directivos de la aerolínea y el ex presidente del gubernamental Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), oficina a cargo de las privatizaciones en ese momento, Alberto Poletto.

La fiscalía indicó que continúa la investigación para determinar la participación de otras personas. Se informó también que respecto a Xavier de Irala, ex presidente de Iberia, el Ministerio Público espera una respuesta a la carta rogatoria enviada a España para imputarlo.

Los 2.266 trabajadores de Viasa fueron despedidos a comienzos de 1997, cuando sus accionistas acordaron su liquidación. El FIV manejaba el 40% de las acciones que el estado venezolano se reservó de la aerolínea, y en 1991 un 45% de Viasa fue vendida a Iberia. El 15% restante estaba en manos del entonces venezolano Banco Provincial, que posteriormente fue adquirido por el grupo español BBVA.

La liquidación de Viasa se materializó tras infructuosas negociaciones entre los accionistas y los trabajadores, que desembocaron el 23 de enero de 1997 en la suspensión de operaciones de la aerolínea, creada en 1960 y la única empresa venezolana que volaba a Europa.

Voceros gubernamentales calificaron entonces de desastrosa la administración de Iberia y afirmaron que la situación financiera de Viasa era caótica por lo que el Estado decidió no realizar nuevos aportes de capital. Iberia argumentó que Viasa tenía perdidas debido a los onerosos contratos con los pilotos y aviones y la cancelación de cientos de vuelos en 1996.

ADVERTENCIAS DE CHÁVEZ

La petición de la Fiscalía se produjo dos semanas después que el presidente venezuela, Hugo Chávez, amenazó con nacionalizar los bancos españoles Santander y Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en caso de no recibir oportunamente una disculpa del Rey Juan Carlos tras el altercado que protagonizaron en la pasada Cumbre Iberoamericana. Además, el mandatario prometió revisar en su conjunto las actividades de las empresas españolas en el país, incluida la quiebra de Viasa.

Chávez destacó que su Gobierno examinará la presencia española en Venezuela y adelantó que las inversiones, especialmente bancarias, eran innecesarias para el país. La inversión directa de las empresas españolas en Venezuela asciende a unos 2.557 millones de dólares --unos 1.731 millones de euros--, de acuerdo con cifras de la oficina comercial de España en Caracas, concentrada en los sectores bancarios, energético, hotelero, editorial y de telecomunicaciones.