Publicado 05/02/2014 17:26

Venezuela.- Fedecámaras advierte de que la Ley de Precios Justos empeorará la situación y pedirá su anulación

CARACAS, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, ha advertido de que la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos del Gobierno empeorará la situación económica de Venezuela, por lo que la patronal prevé reclamar su nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.

"Lejos de contribuir a mejorar la economía del país va a contribuir a que sea mucho más grave la situación económica", ha advertido Roig en rueda de prensa. "El Gobierno no termina de convencerse de que las causas del desastre económico que tenemos es precisamente el modelo económico e insiste en profundizarlo", ha lamentado.

La patronal celebró este martes una reunión en la que analizó la nueva ley y ha llegado a la conclusión de que "restringe la oferta, por lo cual va a haber menos bienes y servicios en la calle, aleja las inversiones porque es punitiva y declara de utilidad pública a todas las empresas", ha explicado Roig, en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.

El presidente de Fedecámaras ha incidido en que todas las empresas, independientemente de su tamaño, corren el riesgo de ser consideradas de utilidad pública por lo que "quedan listas para expropiaciones, para confiscaciones por el Estado sin el pago oportuno". "Ninguna empresa por pequeña que sea, ninguna actividad por pequeña que sea se salva de esta ley", ha lamentado.

Además, también supondrá mayores cargas burocráticas para los empresarios, ya que las empresas tienen que registrarse en la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) y esperar que este organismo expida un certificado de "precio justo" para poder solicitar divisas.

Por todo ello, Roig ha anunciado que "Fedecámaras va a introducir una demanda de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por esta Ley". Según ha denunciado, la norma está más próxima a los lineamientos del denominado "plan de la patria" que a los de la Constitución, en la que se estipula la corresponsabilidad entre el sector público y privado para el desarrollo económico.

"No es posible desde una mesa, un grupo de burócratas, el tratar de controlar la economía nacional, eso no ha funcionado jamás", ha subrayado.