(Actualiza con citas y datos de contexto)
BUENOS AIRES, 23 jun, 23 Jun. (Reuters/EP) -
- Argentina dijo el lunes que pedirá al juez federal Thomas Griesa, que sentenció al país a pagar 1.330 millones de dólares a fondos con bonos impagos, que suspenda temporalmente la medida para permitir la negociación con los acreedores que no ingresaron a canjes previos y evitar así un default.
La novedad se conoció luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, se mostrara el viernes último dispuesta a dialogar con los acreedores conocidos como "holdouts" por quedar fuera de los dos canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005 y 2010.
Tras días de tensión, las palabras de Fernández llevaron a los mercados más confianza en que el país logrará un acuerdo con los fondos que poseen los títulos impagos, por lo que los bonos del país sudamericano abrieron con fuertes alzas en la sesión en la plaza local.
"Nosotros consideramos que es esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la República Argentina pueda continuar pagando normalmente a sus bonistas de la reestructuración", señaló el ministro de Economía, Axel Kicillof, en declaraciones a periodistas.
Pidió "que sean condiciones equitativas, que sean condiciones justas y que sean condiciones legales", aclarando que el país presentará al juez un escrito a través de sus abogados.
Las negociaciones entre Argentina y los "holdouts" se aceleraron la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de la nación sudamericana para evitar pagar los 1.330 millones de dólares dispuestos por el juez Griesa.
Argentina se ha resistido por años a pagar la deuda a los que denomina fondos buitres, ya que argumenta que resguarda los intereses del 92,4 por ciento de acreedores que aceptaron millonarias quitas de capital sobre una cesación de pagos total de unos 100.000 millones de dólares en 2001-2002.
Además, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández explicó que el pago de la deuda no reestructurada podría disparar reclamos por hasta 15.000 millones de dólares.
El 30 de junio el país austral debe realizar en Estados Unidos un pago de su deuda reestructurada, pero el desembolso corre riesgo de ser embargado por la justicia estadounidense si no logra un acuerdo con los "holdouts".