El presunto represor argentino transmitió a su abogado su "satisfacción" por ser juzgado en su país "tras siete años de lucha"
MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presunto represor argentino Ricardo Cavallo continúa en la cárcel de Alcalá-Meco, donde se encuentra cumpliendo condena de carácter provisional desde el 1 de febrero de 2007, pese a que el pasado viernes la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó --a instancias del Consejo de Ministros-- su extradición a Argentina archivando así la causa por delitos de lesa humanidad cometidos presuntamente durante la dictadura militar de su país que se seguía contra él en España.
Así lo confirmó en declaraciones a Europa Press su abogado Fernando Pamos de la Hoz que ayer mismo se desplazó hasta cárcel para entrevistarse con su cliente. Según el letrado, Cavallo le manifestó su "satisfacción" por la decisión del la Audiencia Nacional, según añadió, "aunque sólo sea por los siete años de lucha por ser juzgado en Argentina ante el juez natural".
Precisamente, Cavallo se encuentra internado en el módulo ocho de la citada prisión madrileña --destinada a miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad, funcionarios o militares-- donde coincidió con el también ex militar argentino Juan Carlos Fotea, quien tardó mes y medio en ser entregado a Argentina después de que el Consejo de Ministros acordó su extradición.
Por su parte, el ex agente de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón, acusado de ser uno de los jefes de la organización parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) llegó esta mañana a Buenos Aires, después de haber sido extraditado de España, para ser juzgado por delitos supuestamente cometidos en la década del 70.
Pamos de la Hoz añadió que su cliente fue informado personalmente de la decisión del Consejo de Ministros, pero que de momento no ha recibido notificación alguna del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Asimismo, fuentes penitencias confirmaron a Europa Press que una vez que el juez de la Audiencia Nacional materializa una orden de extradición y pone al acusado a disposición de la Interpol, ésta "puede tardar días o incluso horas en llevarla a cabo".
"Podría ser mañana, esta misma tarde o en los próximos días", matizaron las mismas fuentes que explicaron que la Interpol actúa de esta manera en muchas ocasiones por cuestiones de seguridad llegando a avisar de que se va a practicar el traslado "con unas horas de antelación".
AUTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu libró un oficio el viernes a la Interpol en el que le pidió que se ejecutase la extradición a Argentina del ex militar Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado por los delitos de lesa humanidad que presuntamente cometió durante la dictadura militar de su país entre 1976 y 1983, informaron fuentes jurídicas.
La Sección Tercera, que preside el magistrado Alfonso Guevara, argumentó su decisión en el "locus delicti", es decir, en la necesidad de dar "absoluta prioridad del fuero del lugar de comisión de los hechos y la necesidad unida en el enjuiciamiento de otros procesados".
La entrega de Cavallo a Argentina ha sido posible una vez que el juez Andreu recibiese el pasado 7 de febrero la autorización de México, ya que fue este país el que le detuvo en 2000 y tres años después, el 26 de junio de 2003, lo extraditó a España a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para juzgarlo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Desde el 1 de febrero de 2007 Cavallo se encuentra en la cárcel por orden de Andreu, ante quien compareció de manera voluntaria un día después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le dejase en libertad tras haber permanecido en prisión desde su detención en México en agosto de 2000.
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD.
Cavallo está acusado de formar parte del grupo de personas que durante la dictadura militar cometieron delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se produjo la privación de libertad de numerosas personas y su sometimiento a condiciones inhumanas de vida, con torturas psíquicas y físicas.
El ex dirigente argentino podría haber sido juzgado en España por estos crímenes después de que el pasado 17 de julio 2007 el Tribunal Supremo reconociese la legitimidad de la Audiencia Nacional para juzgar este caso al rechazar la cesión de jurisdicción en favor de Argentina que acordara en su día la propia Audiencia Nacional.
El Supremo estimó los recursos presentados por la Fiscalía y las numerosas acusaciones personadas en la causa contra un auto de la Audiencia Nacional que previamente había estimado la pretensión de Cavallo de ser extraditado a su país de origen, para ser allí enjuiciado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para el presunto represor entre 13.000 y 17.000 años de cárcel.