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BUENOS AIRES, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha considerado este sábado que el país sudamericano "está cerrando un ciclo histórico" con el acuerdo alcanzado el pasado martes con la empresa española Repsol por la expropiación de YPF.
"Estamos cerrando un ciclo histórico. Lo más importante no es que hemos vuelto a nacionalizar (YPF), sino que hemos vuelto a federalizar el recurso porque así lo impone la Constitución", ha dicho, subrayando que se trata de "una posibilidad única de tener soberanía energética".
Fernández de Kirchner ha sostenido "no podrá haber autonomía, ni independencia, ni soberanía, si no hay energía para solventar nuestras industrias, nuestra investigación en desarrollo y tecnología, para que el proceso de desarrollo no se detenga".
Además, ha rechazado las críticas al ministro de Economía, Axel Kicillof, por prometer que no habría indemnización para Repsol. "Cómo va a decir el ministro de Economía que no se va a pagar nada si yo presenté una Ley de Expropiación", ha cuestionado en la sesión inaugural del Congreso.
Fernández de Kirchner ha recordado que Kicillof dijo que "no se iba a pagar lo que ellos pretendían, porque la primera declaración era de 15.000 millones de dólares". "Y la realidad es que cerramos un acuerdo de 5.000 millones de dólares con bonos estatales, no en efectivo, y a un plazo muy prolongado", ha destacado.
También ha refutado el argumentado de la oposición de que el acuerdo alcanzado con Repsol llevará al país sudamericano a un endeudamiento excesivo durante los próximos 20 años, agravando un problema recurrente en la economía argentina.
A este respecto, ha recordado que YPF controla "la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta reserva de petróleo shale del mundo". "Ojalá yo tuviera que pagar para que me dejen estas reservas, no como hoy que estoy pagando la peor deuda financiera del mundo desde el 2001", ha apuntado, según la agencia de noticias Télam.
INVERSIÓN EXTRANJERA
La líder izquierdista ha abierto la puerta a la entrada de capital privado en el sector energético "por la necesidad de mantener la competitividad de la economía y de los distintos sectores productivos del país".
"Esto exigirá garantías para que esa inversión extranjera venga a Argentina y para que le sirva a todos los que viven en ella, pero bajo el 51 por ciento del control de YPF por parte del Estado y la participación de las provincias", ha insistido.
ACUERDO CON REPSOL
El consejo de administración de Repsol aprobó el pasado martes por unanimidad un acuerdo con el Gobierno argentino sobre la compensación por la expropiación hace dos años de un 51% de YPF, en el que se le indemniza con 5.000 millones de dólares en bonos del Estado austral y en el que se incluyen varias garantías para su cobro.
El acuerdo incluye el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas, así como la renuncia a nuevas reclamaciones. El desistimiento se materializará en la firma de otro acuerdo entre Repsol, por un lado, e YPF e YPF Gas, por otro.
La principal garantía consiste en el reconocimiento por parte de Argentina de una deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares que no quedará extinguida hasta que Repsol haya recibido enteramente la compensación.
Los títulos de deuda pública que se entregarán a Repsol estarán articulados en torno a dos paquetes, uno fijo, con un valor nominal de 5.000 millones de dólares, y otro complementario, por importe máximo de 1.000 millones de dólares.
La entrega del paquete complementario se realizará en caso de que el valor de mercado de los bonos entregados a Repsol se sitúe por debajo de 4.670 millones de dólares. Su entrega se producirá en la cantidad suficiente para alcanzar este suelo mínimo.
Este valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de distintas entidades financieras internacionales, explica Repsol en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cierre de la transacción se producirá con la entrega de los bonos a favor de Repsol con plenas garantías de su depósito en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros.
La empresa española podrá decidir libremente enajenar los bonos. En este caso, si obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares, descontados gastos e intereses, debería devolver el exceso al Estado argentino.