BUENOS AIRES, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha reconocido este viernes que Argentina ha pasado se ser un país "de tránsito" a convertirse en un país "de consumo y de producción de estupefacientes", lo que pone de manifiesto la "gravedad" de este fenómeno, que está provocando la entrada de los narcotraficantes en el país.
Asimismo, Rossi se ha referido a la "grave situación" que se vive en ciudades como Rosario, donde "las luchas entre bandas por el dominio del territorio elevaron a cifras disparatadas la cantidad de homicidios". "El esfuerzo hay que ponerlo en la inteligencia criminal y en las investigaciones de cuáles son las bandas y organizaciones que actúan en este sentido", ha añadido el funcionario.
Las investigaciones judiciales, además, hablan de la presunta connivencia de las fuerzas de seguridad de Santa Fe con los negocios del narcotráfico --a la que también se refiere Rossi--, según informa el diario argentino 'La Nación', que insiste en que no es común que un integrante del gabinete nacional admita que la Argentina es un país de elaboración de drogas.
El ministro explica que, a su entender, no son bandas que se montaron para dedicarse a ese delito, sino que "cambiaron de actividades" durante los últimos años. "Hablo de lo que ocurre en la provincia de Santa Fe", ha matizado. En este sentido, insiste en que "Rosario es una de las ciudades donde el delito del narcotráfico tuvo un crecimiento exponencial desde 2010".
Por último, ha advertido de que no cree que la participación de las Fuerzas Armadas mejore la situación, a diferencia de la opinión manifestada previamente por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que había hablado de la necesitad de discutir el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
DENUNCIA DE LA IGLESIA ARGENTINA
La polémica en torno al narcotráfico en Argentina saltó con fuerza a los medios el pasado mes de noviembre, cuando los obispos argentinos presentaron el informe 'El drama de la droga y el narcotráfico', declarando que "si la diligencia política y social no toma medidas urgentes para combatir el narcotráfico, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio".
Tras señalar que "perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado", los obispos dijeron que escuchan de la gente "la preocupación por la desprotección de las fronteras y por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar las zonas más vulnerables".
El presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, y el titular de la comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, advirtieron entonces de que se escuchaba decir "con frecuencia" en la calle que "a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes".