BUENOS AIRES, 23 Oct. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
La Corte Suprema de Justicia de la Nación accedió a dar a conocer el patrimonio de sus integrantes y de los jueces nacionales, ocho años después de que fuera sancionada la Ley de Ética Pública que obliga a todos los funcionarios a difundir su situación patrimonial, informa hoy la prensa local.
Hasta ahora, el máximo tribunal de Argentina sostenía que la ley sancionada durante la presidencia del peronista Carlos Menem (1989-1999) no llegaba hasta los miembros del Poder Judicial y sólo abarcaba a los miembros del Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Ante una solicitud del diario 'La Nación', finalmente los actuales integrantes de la Corte, buena parte de los cuales fueron nombrados por el presidente Néstor Kirchner, accedieron a dar a conocer sus declaraciones juradas en las que se detalla cómo está integrado el patrimonio de cada uno de ellos.
El objetivo de la Ley, además de la buscada transparencia, es detectar bruscos incrementos patrimoniales en los funcionarios, que podrían obedecer al eventual cobro de sobornos o por haber recibido dinero en forma ilegal.
El actual presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que llegó al máximo tribunal en 2002, declaró un patrimonio de unos 3 millones de pesos (más de 600.000 dólares, repartido en varias propiedades, dos coches, depósitos en pesos y en dólares.
Enrique Petracchi, uno de los jueces de la Corte más antiguos, declaró ser titular de una cuenta en Estados Unidos, de 97.300 dólares y de otras en Argentina, por 12.000 dólares, 10.000 euros y 84.700 pesos (18.600 euros), además de un departamento, dos autos, dos terrenos y una colección de armas.
La jueza Carmen Argibay, una de las últimas en llegar a la Corte, declaró que tiene 109.905 euros depositados en un banco holandés y otros 353.890 pesos (unos 79.000 euros) en la Argentina, dijo tener el 7 por ciento de un departamento que heredó.