Actualizado 30/05/2014 15:20

Un juez argentino cita a declarar al vicepresidente Boudou por el caso Ciccone

El Gobierno afirma que el vicepresidente "está a disposición de la Justicia, como siempre"

BUENOS AIRES, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez argentino ha citado a declarar el próximo 15 de julio al vicepresidente del país, Amado Boudou, en el marco de la instrucción abierta por el denominado 'caso Ciccone', en el que se investiga una supuesta intervención gubernamental para evitar la quiebra de una imprenta posteriormente expropiada.

Ciccone --empresa que imprime billetes de curso legal--, fue "salvada" en 2010 y adquirida por un fondo de inversión con fondos supuestamente procedentes de allegados a Boudou, entonces ministro de Economía.

Luego, ante el escándalo por la presunta relación del vicepresidente con los nuevos dueños de Ciccone, la firma terminó siendo expropiada por el Estado. Esta nacionalización se produjo en 2012 y la empresa ha pasado a denominarse Compañía de Valores Sudamericana.

Boudou deberá comparecer el 15 de julio a las 11.00 horas, un hecho inédito en la historia de Argentina. Para la fiscalía federal le parece "lo más conveniente" en este caso, mientras que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ha apuntado que el vicepresidente "está a disposición de la Justicia, como siempre".

"El vicepresidente siempre ha manifestado su voluntad de cumplir con instancias judiciales ante cualquier convocatoria de un juez de la República", ha dicho Capitanich durante una rueda de prensa en la Casa Rosada.

Además de Boudou, también han sido citados su socio José María Núñez Carmona, la persona que quedó al cargo de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, y los empresarios Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, según informa la prensa argentina.

ARGUMENTOS

La orden de citación emitida por el juez Ariel Lijo determina que Boudou habría participado en un entramado para adquirir "la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica" con "el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".

Según estas pesquisas, Boudou "aprovechó su condición de funcionario público" para acordar la cesión de la mayor parte de la empresa "a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".

El vicepresidente "habría tenido injerencia de forma directa" en este proceso, "presenciando las reuniones para la adquisición" y "en el trámite de un plan de pagos ilegal". De esta forma, lograría "a través de personas interpuestas" el levantamiento de la bancarrota "con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional".

Este objetivo de contratación se habría visto satisfecho en "al menos" una ocasión en la que la firma llegó a un acuerdo con La Moneda, ya con Boudou como vicepresidente.

Boudou, que no ha sido imputado formalmente, ha negado todas estas acusaciones, lo que no ha evitado los llamamientos de la oposición para reclamar su cese. Los dirigentes opositores han pedido a la presidenta, Cristina Fernández, que tome medidas y aparte a quien es su 'número dos' desde diciembre de 2011.

Se da la circunstancia de que el próximo 15 de julio, día de la citación del vicepresidenta, la jefa de Estado estará en la ciudad brasileña de Fortaleza para participar como invitada en la cumbre de los BRICS --Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica--. Boudou, por tanto, se presentaría ante la Justicia como presidente encargado.