BUENOS AIRES, 11 Nov. (Notimérica) -
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Justicia, Julio Alak, han sido denunciados este lunes ante el fuero penal tras la difusión de información por parte de la diputada del partido GEN, Margarita Stolbizer, en la que se revela que una de las principales empresas hoteleras de la presidenta, Hotesur, funciona de modo irregular.
Según la información presentada, la compañía hotelera no tendría sede legal, a lo que se suma que la firma adeuda la presentación de sus estados contables ante el Estado y tampoco pagó las tasas de impuestos que le debe a la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que regula las sociedades comerciales.
Por eso, Stolbizer ha presentado un escrito ante la Justicia en el que solicita que se investigue si la presidenta, entre otras autoridades del Gobierno, cometió los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, según ha publicado el diario argentino 'Clarín'.
"Según informaciones obtenidas, la sociedad Hotesur S.A. adeuda la presentación en la IGJ de balances desde 2011, no se conocen los activos ni los pasivos, ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades", según denuncia el documento presentado por Stolbizer.
Además, a través de Hotesur, la familia Kirchner controla uno de sus negocios privados más cuestionados, el hotel Alto Calafate, que podría haber sido utilizado por el empresario Lázaro Báez para lavar dinero.
Según declararon ellos mismos, los Kirchner compraron la firma Hotesur en el 2008. Fue en ese momento cuando inscribieron ante la IGJ, por primera y única vez, el nuevo directorio que tendría la empresa bajo su propiedad.
El diario 'La Nación' ya había denunciado a finales del año pasado que Hotesur no presentó sus últimos balances. La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de Julio Alak, emitió en aquel momento un comunicado asegurando que el organismo había intimado a Hotesur para que pusiese sus papeles en regla.
La información presentada por Stolbizer demostraría que Hotesur no sólo no hizo caso a la IGJ en la presentación de los balances, sino que ni siquiera registró la sede legal en la que realmente debería funcionar. La ex directora de sociedades comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, ha explicado que ante estos incumplimientos de Hotesur, el organismo podría dictaminar que la empresa está "inactiva".
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