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LA PAZ, 14 Mar. (Notimérica/EP) -
El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Jorge Pérez, ha informado este viernes de la detención de Moisés Ponce de León, el abogado del exfiscal Marcelo Soza, quien huyó a Brasil mientras estaba siendo investigado por extorsión en el llamado 'caso terrorismo'.
"El señor Ponce de León se encuentra en este momento en nuestras instalaciones", ha comunicado Pérez, quien ha alabado la labor de la Policía después de que el letrado de Soza estuviera varios días en paradero desconocido, tras someterse a una operación de hernia en un hospital de la capital boliviana.
Ponce de León, que será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Santa Cruz para que preste declaración, tenía sobre él una orden de búsqueda y captura, después de que no se presentara ante la Fiscalía a declarar sobre las acusaciones de supuesta extorsión que también pesan en su contra, ha informado la agencia de noticias ABI.
El paradero de Soza era desconocido hasta que este martes se conoció que ingresó en territorio brasileño solicitando refugio. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ha solicitado su detención y extradición, con el fin de que pueda rendir cuentas por su supuesta implicación en el llamado 'caso terrorismo'.
'CASO TERRORISMO'
El denominado como 'caso terrorismo' es una supuesta trama de algunos sectores de la oposición boliviana para derrocar y asesinar al presidente del país, Evo Morales, así como para dividir en dos el territorio de Bolivia.
El 16 de abril de 2009, la Policía abatió en un hotel de la ciudad de Santa Cruz a tres personas de diversas nacionalidades, uno de ellos de origen boliviano. Además, otras dos fueron detenidas por su supuesta implicación en un intento de magnicidio, auspiciado por un grupo de empresarios y políticos autonomistas de esta pudiente región.
Han pasado casi cinco años desde entonces y el proceso judicial, lejos de solucionarse, ha ido complicándose con el paso del tiempo. Actualmente el caso cuenta con 39 acusados y ha experimentado dos cambios de tribunal, el encarcelamiento de tres abogados del Estado por supuesta corrupción, así como la renuncia de Soza.
Las autoridades bolivianas han acusado a Soza de extorsionar a los testigos del caso para que implicaran en este supuesto entramado terrorista a líderes políticos y sociales de Santa Cruz, imputaciones que, según ha dicho, responden a una "persecución política" en su contra.