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LA PAZ, 28 Abr. (Notimérica/EP) -
Las Fuerzas Armadas de Bolivia han concedido 15 días para que 715 suboficiales y sargentos puedan apelar sus bajas de la institución. El Gobierno ha advertido a los movilizados que las medidas que están realizando ya incurren en delitos penales como la sedición, por lo que les ha instado a no sumarse a más protestas.
A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa ha señalado que los uniformados afectados tienen que presentarse en sus unidades de destino para identificarse con su retiro obligatorio de la entidad y además, ha indicado que, a partir de ese momento, se abre el plazo para que puedan proponer el Recurso de Reconsideración, conforme al Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas.
El martes y jueves de la semana pasada, militares de baja graduación se reunieron en la ciudad de La Paz y protagonizaron varias marchas en las que solicitaban la eliminación de la discriminación en las filas castrenses y la aprobación de una ley que plantearía anular los grados de sargentos y suboficiales y crear el de oficiales técnicos. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas dio de baja a 715 uniformados.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha criticado, en una entrevista con medios estatales, la actuación que protagonizaron los movilizados al dejar sus armas, sus puestos en sus unidades y las fronteras y poner, así, en riesgo la seguridad del Estado.
EL GOBIERNO DENUNCIA SEDICIÓN
De esta forma, Quintana ha asegurado que "ya no es un problema de disciplina, ya no es un problema de faltas que tiene sanciones por el Reglamento 23 de Falta Disciplinarias y Sanciones, esto es sedición, instigación al delito", y ha solicitado que se reflexione en las filas de los uniformados.
El artículo 130 del Código Penal prevé que la instigación pública a delinquir sea sancionada con penas de entre un mes y un año de cárcel, y hasta con dos años si se refiere a delitos contra la seguridad del Estado. Por su parte, la sedición es penada con hasta tres años de internamiento.
Por otro lado, en el comunicado de Defensa se confirma que los uniformados retirados tienen garantizado su derecho a la defensa. Si la reconsideración se acepta, el retiro será anulado, pero de no ser así, el damnificado podrá recurrir a otras dos instancias superiores. "Tienen garantizada ampliamente su defensa", indica parte del documento.
Una asamblea de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss) ha convocado una concentración para este martes en La Paz y ha rechazado que sus medidas busquen la desestabilización del Gobierno. La representante de las esposas de los uniformados en Cochabamba, Maribel Moscoso, ha manifestado que han logrado el apoyo de organizaciones sociales de esta ciudad y de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
Un uniformado anónimo ha rechazado la posición de Quintana, negando acciones de sedición y ha anunciado masificar protestas hasta conseguir atención a sus pedidos.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió este viernes disciplina, y, por su lado, el vicepresidente Álvaro García negó al día siguiente un diálogo al margen del respeto a la cadena de mando y el conducto regular. El ministro Quintana consideró que los movilizados "están en la esfera del delito".
También se ha pronunciado la ministra de Comunicación, Amanda Dávila quien ha señalado que, como Gobierno, "expresamos todo nuestro pesar por esta situación. Estamos preocupados. Nos duele muchísimo lo que está pasando".