LA PAZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha expresado su confianza en que el sector minero "entienda que no se puede transgredir la Constitución" y que "no se pueden subastar los recursos naturales" del país, en referencia a las tensiones desatadas por la modificación del artículo 151 del proyecto de Ley de Minería.
Respecto a la próxima reunión entre el Gobierno y los mineros, el vicepresidente boliviano ha indicado que "aún no se ha fijado el día de ese encuentro", si bien ha mostrado su deseo de que el mismo tenga lugar pronto.
Así, ha destacado que "es una ley de casi 300 artículos y hay acuerdo en 290", valorando que "hay mucho esfuerzo y consenso avanzado", según ha informado la agencia estatal boliviana de noticias, ABI.
Por otra parte, ha subrayado que "no se puede permitir" que algunas cooperativas se conviertan en representantes de empresas privadas o extranjeros que las "usen" para no pagar impuestos.
El artículo 151 del proyecto de ley viola, según han explicado las autoridades en varias ocasiones, los preceptos de la Carta Magna, pues posibilita que las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, puedan acumular en sus manos los recursos naturales del país.
La norma, aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".
Desde un principio, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ha denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
El Estado ha mencionado de manera reiterada que dichas demandas, no solo violan los puntos de la Constitución en cuanto a la soberanía nacional de los recursos naturales, sino también el artículo 371, en el cual se estipula la imposibilidad de que los contratos de explotación se transferidos a las empresas, tanto nacionales como extranjeras.
En ese sentido, el ministro Romero, tal y como ha señalado la agencia de noticias ABI, ha recordado en cada una de sus intervenciones que una cooperativa no puede beneficiarse al mismo tiempo de las exenciones tributarias del Estado y de las utilidades por parte de una empresa.
Después de varios días de conflicto, el Gobierno se plegó finalmente a la petición de las cooperativas de llevar a cabo una mesa de negociación en el departamento de Oruro, una de las principales zonas de conflicto, región cuyo desarrollo económico se ha gestado a través de la explotación de los recursos mineros.