LA PAZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ha asegurado este domingo que las cooperativas mineras han firmado 42 contratos con empresas privadas y multinacionales que les permitiría a éstas últimas explotar áreas designadas por el Estado.
"En esos contratos, la cooperativa bajo el título de un contrato de operación transfiere toda el área que ha recibido del Estado a la empresa", ha dicho, según ha informado la agencia estatal boliviana de noticias, ABI.
Romero ha detallado que con ese tipo de acuerdos "las cooperativas sólo pagan al Estado el uno por ciento de sus ganancias, mientras que las empresas privadas obtienen el 80 por ciento de las utilidades y la cooperativa se queda con el 19 por ciento".
"La mayoría son en las zonas auríferas de La Paz, que han suscrito contratos con empresas como Esmical, Candelaria, Miranda, Candelarias II (entre otros)", ha manifestado.
En este sentido, ha destacado que estos acuerdos violan la Constitución y ha explicado que "si la cooperativa quiere actuar amparada en el accionar de una empresa tiene que cambiar su razón social y su estatus jurídico".
Horas antes, el vicepresidente, Álvaro García Linera, había expresado su confianza en que el sector minero "entienda que no se puede transgredir la Constitución" y que "no se pueden subastar los recursos naturales" del país, en referencia a las tensiones desatadas por la modificación del artículo 151 del proyecto de Ley de Minería.
El artículo 151 del proyecto de ley viola, según han explicado las autoridades en varias ocasiones, los preceptos de la Carta Magna, pues posibilita que las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, puedan acumular en sus manos los recursos naturales del país.
La norma, aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".
Desde un principio, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ha denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
El Estado ha mencionado de manera reiterada que dichas demandas, no solo violan los puntos de la Constitución en cuanto a la soberanía nacional de los recursos naturales, sino también el artículo 371, en el cual se estipula la imposibilidad de que los contratos de explotación se transferidos a las empresas, tanto nacionales como extranjeras.