MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno boliviano alertó hoy sobre la ilegalidad de los referendos autonómicos departamentales que pretenden celebrar las autoridades de las regiones de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarijala, la llamada Media Luna.
El viceministro de justicia, Wilfredo Chávez, aclaró que las consultas alentadas por las cuatro provincias son ajenas a las normas vigentes, sobre todo después de las leyes aprobadas en el Congreso Nacional y suscritas por el presidente, Evo Morales.
Chávez recordó que el Congreso sancionó la semana pasada una norma interpretativa del referéndum de la nueva Constitución, previsto para el 4 de mayo, que establece que sólo el Congreso puede aprobar cualquier tipo de consulta en los departamentos. Además, explicó que las convocatorias para este tipo de consulta en los departamentos son efectuadas por la Corte Nacional Electoral, mientras no se elijan Gobiernos en esos territorios mediante voto directo de la población.
"Los referendos de las cuatro provincias de la Media Luna carecen de legalidad y sólo se constituyen en una afrenta al pueblo y un desafío a la norma vigente en el país", remarcó. Por otro lado, agregó que "el ejecutivo alista una ley sobre la elección de consejeros departamentales, quienes serán encargados de redactar una norma sobre las autonomías".
Por su parte, Antonio Peredo, senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del Gobierno, cuestionó los pedidos de desacato formulados por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. "Todos los bolivianos debemos regirnos bajo el imperio de las leyes del país, por lo que el referendo para avalar su estatuto autonómico tendrá que someterse a las normas", precisó.
El también diputado del MAS, Gustavo Torrico, indicó que "los estatutos autonómicos planteados por sectores opositores contradicen a la nueva Constitución y alientan la división de Bolivia", informó la agencia de noticias Prensa Latina.
Torrico estimó que "no se deben eliminar los estatutos autonómicos, pero sí descartar los aspectos separatistas, entre otros las condiciones de privilegio en la distribución de la tierra, nacionalidad y desconocimiento al Tribunal Constitucional".